19 septiembre, 2024

La batalla interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se intensifica en medio de un ambiente cargado de tensión. Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, se encuentra en el centro de un conflicto que podría definir el futuro del partido en México. El próximo domingo 11 de agosto, Moreno busca asegurarse una nueva reelección como dirigente nacional del PRI, a pesar de las crecientes impugnaciones y críticas.

 

Alejandro Moreno, quien asumió la presidencia del PRI en 2019, enfrenta un creciente rechazo por parte de sectores dentro del partido que critican su gestión y los resultados electorales obtenidos bajo su liderazgo. Dulce María Sauri, una de las voces más críticas de la reelección, señala que la administración de Moreno ha sido un “fracaso”, destacando que ha provocado la salida de militantes y ha afectado la imagen del PRI a nivel nacional. En un reciente encuentro en Veracruz, Sauri argumentó que “la reelección de Alejandro Moreno no le sirve al priismo” y que el partido necesita “aires frescos” para superar la crisis actual.

 

El proceso de reelección de Alejandro Moreno ha enfrentado numerosos obstáculos legales. Exdirigentes del PRI, incluidos Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, han presentado varias impugnaciones con el objetivo de bloquear la reelección de Moreno. Las impugnaciones incluyen una demanda contra la Asamblea Nacional del PRI realizada el 7 de julio y contra la convocatoria para la elección de la dirigencia nacional.

 

De acuerdo con Sauri, se han presentado tres grandes recursos legales:

1. Impugnación contra la Asamblea Nacional: Alegan irregularidades en el proceso de modificación de los estatutos del partido.
2. Impugnación contra la convocatoria a la elección: Cuestionan la validez de la convocatoria realizada para el 11 de agosto.
3. Incidente de ejecución deficiente: Se refiere a la prórroga del mandato de la dirigencia nacional concedida por el tribunal electoral, que ha sido objeto de controversia.

 

A pesar de las impugnaciones, la reelección de Alejandro Moreno parece inminente. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE no ha respondido aún a las solicitudes de los consejeros nacionales del PRI, ni ha avalado los nuevos estatutos del partido. De acuerdo con información obtenida por Excélsior, no existe una suspensión formal de los actos reclamados en materia electoral, por lo que la elección de Moreno podría proceder según lo planeado.

 

La Asamblea Nacional del PRI, que se realizó el 7 de julio, modificó los estatutos del partido para permitir la reelección de Moreno y su actual secretaria general, Carolina Viggiano, por un nuevo período de cuatro años, pero los críticos argumentan que estas modificaciones fueron aprobadas en un contexto de irregularidades y falta de transparencia.

 

Los exdirigentes del PRI han expresado su preocupación por la legalidad del proceso de reelección. Durante una reunión reciente con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, los críticos subrayaron la “urgencia” de resolver el conflicto antes de la elección del 11 de agosto. Sauri, en particular, enfatizó que “esperar el plazo de 30 días naturales que supone el INE para revisar las reformas de la asamblea, nos enfrenta a hechos que son de imposible reparación”, en referencia al posible daño a la imagen del PRI.

 

Enrique Ochoa Reza, otro exdirigente del PRI, también ha cuestionado la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE. Ochoa ha señalado que las reformas estatutarias hechas bajo la presidencia de Moreno parecen estar diseñadas para consolidar su poder y facilitar su reelección, lo cual considera como una forma de “secuestrar” al PRI.

 

El proceso para la reelección de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano ha generado una serie de controversias que han captado la atención de los medios y los analistas políticos. Mientras que los críticos del actual liderazgo del PRI buscan frenarla a través de impugnaciones y presiones legales, la falta de una respuesta definitiva del INE y el TEPJF permite que el proceso continúe.