El Senado de la República aprobó recientemente la convocatoria para la elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo en 2025, una decisión histórica que posicionará a las mujeres en la mayoría de los altos mandos del Poder Judicial en México. Con 78 votos a favor y 39 en contra, esta convocatoria ha generado un fuerte debate político, destacando tanto las tensiones internas como los compromisos para garantizar la paridad de género en estas posiciones clave.
Por primera vez, el Poder Judicial será conducido mayoritariamente por mujeres, una medida que muchos consideran un avance significativo en la lucha por la igualdad de género. Según los lineamientos aprobados, habrá cinco ministras y cuatro ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres magistradas y dos magistrados en el Tribunal de Disciplina, y 10 magistradas y cinco magistrados en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Proceso electoral inédito
Además de los cambios en la composición de los cargos judiciales, la convocatoria también incluye un apartado innovador: el uso de nuevas tecnologías para realizar un conteo rápido durante el proceso electoral, un ejercicio coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque este ejercicio no tendrá efectos jurídicos vinculantes, se busca generar confianza y certidumbre en el uso de plataformas digitales para futuras elecciones.
Este punto ha sido objeto de discusión, ya que introduce una prueba prospectiva sobre el uso de tecnologías en el proceso electoral, algo que no está contemplado en la Constitución ni en las leyes vigentes. De acuerdo con la convocatoria, el INE llevará a cabo esta prueba con una muestra representativa de electores tanto dentro como fuera del país, permitiendo que los ciudadanos puedan emitir su voto desde dispositivos digitales.
Requisitos para aspirar a las posiciones judiciales
La convocatoria establece requisitos específicos para quienes aspiren a convertirse en jueces, magistrados o ministros. Entre ellos, destaca la necesidad de contar con un promedio de al menos ocho en la carrera de Derecho y de nueve en materias relacionadas con el cargo, así como presentar cinco cartas de recomendación de vecinos. Estos requisitos, aunque estándar para este tipo de convocatorias, han sido objeto de discusión en los debates del Senado.
Los Comités de Evaluación, encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, deberán estar instalados antes del 31 de octubre, y la inscripción de candidatos se llevará a cabo entre el 5 y el 24 de noviembre de este año. Además, la evaluación de idoneidad se completará el 31 de enero de 2025, y el listado final de los seleccionados será remitido al Senado antes del 8 de febrero del mismo año.
Debate en el Senado: Entre señalamientos y reclamos
La aprobación de la convocatoria no estuvo exenta de polémica. Durante el debate en el Senado, varios legisladores de la oposición manifestaron su descontento con el proceso. Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, calificó la convocatoria como “el epitafio de la división de poderes en México”, sugiriendo que la independencia del Poder Judicial estaba en riesgo. Este comentario resonó en otros sectores de la oposición, que también expresaron su preocupación por la posible interferencia política en la elección de los jueces.
Por su parte, el senador morenista Félix Salgado Macedonio desestimó las críticas, especialmente aquellas relacionadas con el uso de la tómbola para asignar ciertos cargos, una medida que fue objeto de burla por parte de la senadora panista Mayuli Martínez. Salgado replicó que lo verdaderamente vergonzoso era la inasistencia de algunos legisladores a las sesiones del Senado, sugiriendo que la oposición carecía de compromiso real con el proceso.
Otro de los momentos más tensos del debate fue protagonizado por el senador Enrique Inzunza, quien lanzó una crítica a aquellos que desconfían del pueblo. “No hay que creer que el pueblo mandará a la Corte curanderos o parteras, y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte, como suele hacerlo en otras partes, el mal no es eterno”, afirmó. Estas palabras provocaron una fuerte reacción en la oposición, que las consideró como un intento de menospreciar sus preocupaciones.
Acusaciones de negociación detrás de la convocatoria
Uno de los puntos más controversiales de la sesión fue la revelación hecha por Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena, quien afirmó que algunos miembros de la oposición se acercaron a él para negociar la firma de la convocatoria. Según López, estos opositores buscaban que algunas posiciones de juzgadores federales fueran pospuestas hasta 2027, a cambio de apoyar el documento. Aunque no mencionó nombres ni detalles específicos, esta acusación añadió más tensión al debate, con la oposición negando cualquier intento de negociación.
El ambiente político se intensificó aún más con la intervención de Gerardo Fernández Noroña, quien describió la convocatoria como un “hecho histórico” para el país. “Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras, y desde México se abre un nuevo camino para la democratización del Poder Judicial de las naciones”, aseguró. Este comentario fue recibido con aplausos por parte de los legisladores de Morena, mientras la oposición lo calificó como una exageración.
Convocatoria que marca un precedente
A pesar de las acusaciones cruzadas y el acalorado debate, la convocatoria fue aprobada y marca un hito en la historia del Poder Judicial mexicano. Con la paridad de género como uno de sus ejes centrales, se espera que las mujeres jueguen un papel protagónico en la impartición de justicia en el país. Sin embargo, el proceso no estará exento de retos, y las críticas de la oposición señalan que el camino hacia una verdadera independencia del Poder Judicial aún está por definirse.
La convocatoria para la elección de ministros, magistrados y jueces en 2025 no solo representa un avance significativo en términos de igualdad de género, sino que también refleja las tensiones políticas que actualmente atraviesa el país. Con una oposición firme en su desacuerdo y una mayoría oficialista que defiende el proceso, el futuro del Poder Judicial en México está en juego, y las decisiones tomadas en los próximos meses serán clave para definir su independencia y legitimidad.
