Este viernes la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá y votará una de las reformas más polémicas y trascendentales de los últimos años: la extinción de diversos organismos autónomos, una medida que podría cambiar el panorama administrativo del país.
Con una cita de última hora, los legisladores se preparan para aprobar el dictamen que pondría fin a la existencia de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Origen de la propuesta: Simplificación administrativa
La propuesta de extinguir estos organismos autónomos no es nueva. En febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso su “Plan C”, un paquete de reformas que busca simplificar la estructura del gobierno federal. Entre las medidas más controvertidas se encuentra precisamente la desaparición de estos cinco organismos, cuyas funciones serían absorbidas por diversas secretarías de Estado.
De acuerdo con el presidente, esta medida responde a la necesidad de reducir la burocracia, mejorar la eficiencia del gobierno y generar ahorros significativos, pero la propuesta ha generado una intensa discusión en el ámbito político y social, debido a las implicaciones que tendría para la transparencia, la competencia económica y la regulación en sectores clave como la energía y las telecomunicaciones.
Hasta hace pocos días, la decisión sobre la extinción de estos organismos parecía estar en manos de la próxima legislatura y la presidenta electa. Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, había señalado que el dictamen aún estaba siendo revisado con detenimiento y que su aprobación podría quedar en manos de la nueva legislatura, que inicia funciones el 1 de septiembre.
Sin embargo, la noche del martes se produjo un giro inesperado en los acontecimientos. Fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación y al equipo de la presidenta electa confirmaron que se tomó la decisión de reactivar el dictamen y llevarlo a votación este mismo viernes. Esta aceleración del proceso ha levantado suspicacias sobre las razones detrás de la prisa para aprobar la reforma antes del cambio de legislatura.
Detalles del dictamen: ¿90 días de gracia o un año más?
Uno de los puntos más discutidos del dictamen es el plazo en el que se haría efectiva la extinción de los organismos autónomos. La versión original de la propuesta del presidente López Obrador establecía un periodo de 90 días naturales para que estos entes cesaran sus funciones. No obstante, en la Cámara de Diputados se han manejado varias versiones que podrían modificar este plazo.
En una redacción alternativa, se propone que la extinción de los organismos se postergue hasta 2025, dando así un año más de vida a estas instituciones. Esta versión también contempla un plazo de un año para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones necesarias a las leyes correspondientes, de manera que las funciones de los organismos autónomos sean absorbidas por las secretarías federales pertinentes.
Así quedarán las funciones de las extintas organizaciones:
- La Secretaría de la Función Pública asumiría las tareas del INAI
- La Secretaría de Energía absorbería las funciones de la CRE y la CNH,
- La Secretaría de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura se haría cargo del IFT.
- La COFECE sería desmantelada, y sus responsabilidades pasarían a la Secretaría de Economía.
La reactivación del dictamen ha generado una serie de reacciones entre los legisladores y las organizaciones involucradas. Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y diputado de Morena, defendió la medida argumentando que “la simplificación administrativa es un paso necesario para reducir la corrupción y mejorar la eficiencia del Estado”.
Robledo también aseguró que la absorción de funciones por parte de las secretarías no afectará la calidad del trabajo realizado y que los recursos ahorrados se destinarán a programas sociales prioritarios.
Por otro lado, los comisionados de los organismos autónomos que podrían ser eliminados han expresado su preocupación por la medida. Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del INAI, advirtió que la desaparición del instituto sería un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información.
“El INAI ha sido fundamental para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública. Su eliminación podría poner en riesgo este derecho”, afirmó.
Desde la COFECE, Brenda Gisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta, señaló que la extinción de la comisión podría afectar la competencia económica en el país. “La COFECE ha jugado un papel clave en la promoción de la competencia y la protección de los consumidores. Integrar sus funciones en una secretaría podría reducir la independencia y la capacidad de tomar decisiones imparciales”, comentó.
La discusión y eventual aprobación del dictamen este viernes no solo tendrá implicaciones administrativas, sino que podría redefinir el futuro de la gobernanza en México. La desaparición de los organismos autónomos representa un cambio radical en la estructura del Estado y plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la independencia de las instituciones.
Para los defensores de la medida, este es un paso necesario para modernizar el gobierno y reducir los costos de la burocracia. Pero para sus críticos, la desaparición de los organismos autónomos podría debilitar la transparencia, la competencia y la regulación en sectores clave, con posibles repercusiones negativas para la ciudadanía.
El proceso de extinción de los organismos autónomos es un tema complejo que ha polarizado a la opinión pública y a los actores políticos. La sesión de este viernes en la Comisión de Puntos Constitucionales será clave para determinar el futuro de esta reforma y, por ende, el rumbo que tomará el gobierno en los próximos años.
Mientras tanto, la sociedad civil y los expertos en la materia continúan observando de cerca el desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que las decisiones que se tomen en estos días podrían tener un impacto duradero en la estructura del Estado mexicano y en la vida de sus ciudadanos. Con la mirada puesta en el viernes, queda claro que el debate sobre la extinción de los organismos autónomos está lejos de concluir y que, independientemente del resultado, las discusiones continuarán en los próximos meses.
Este viernes será un día decisivo para la política mexicana, y los ojos de todos estarán puestos en la Cámara de Diputados, donde se decidirá si los organismos autónomos tienen un futuro o si pasarán a formar parte del pasado de la administración pública del país.
