El sexenio de Andrés Manuel López Obrador tiene los días contados, pero no por eso los diputados del oficialismo dejarán de cumplir sus promesas, la Cámara de Diputados se prepara para discutir otra de las reformas importantes y controversiales del último tramo del gobierno federal: la reforma que busca militarizar la Guardia Nacional (GN).
Esta semana será crucial para el futuro de esta iniciativa, pues Morena y sus aliados del PT y el PVEM, intensificarán los trabajos legislativos con el objetivo de aprobar las reformas constitucionales antes de que López Obrador deje el cargo el próximo 1 de octubre de 2024.
El calendario legislativo avanza de manera acelerada. El próximo 23 de septiembre, se espera que el Senado reciba las minutas de reformas relacionadas con los pueblos indígenas y afromexicanos, así como las propuestas para la Guardia Nacional, según confirmó Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de la bancada de Morena.
“El dictamen que reforma el artículo 2 constitucional ya está listo para su discusión en la Cámara de Diputados”, afirmó Mier. Este dictamen busca reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, una demanda histórica que ahora tiene un lugar en la agenda de la Cuarta Transformación.
Por otro lado, la reforma de la Guardia Nacional se enfoca en convertir a esta fuerza en un órgano permanente de seguridad pública bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un paso más en la consolidación de la estrategia de seguridad del gobierno actual.
Modificaciones clave de la Guardia Nacional bajo la Sedena
El dictamen en cuestión contempla reformas a 12 artículos de la Constitución, entre ellos los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129. Estas modificaciones están orientadas a consolidar la GN como una fuerza de seguridad pública de carácter militar. Entre los puntos más destacados se encuentra la adscripción formal de la GN a la Sedena, lo que implica que esta corporación se convierta en una extensión permanente de las Fuerzas Armadas, con la misión de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La propuesta también plantea que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional tanto para la seguridad interior como para la defensa exterior, en caso de ser necesario. Además, otorga al poder legislativo la facultad de expedir las disposiciones que permitan una participación auxiliar del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en labores de seguridad ciudadana, dotando de mayor claridad y certeza jurídica la participación militar en temas de seguridad pública.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de 2023, la GN es vista con buenos ojos por la población mexicana. El 74% de los encuestados considera que su desempeño es “efectivo” o “muy efectivo”, mientras que la Marina y el Ejército registran niveles de aprobación del 85.6% y 83.5%, respectivamente. Esto contrasta con la percepción de las policías estatales y municipales, que obtuvieron una aprobación del 54.1% y 48.6%.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 reafirma que la GN, junto con la Marina y el Ejército, son las instituciones que más confianza generan entre la ciudadanía. Esto ha sido un argumento clave para quienes apoyan la militarización de la GN, pues consideran que es la mejor opción para hacer frente a la creciente violencia y criminalidad en el país.
Sin embargo, esta reforma no ha estado exenta de críticas. Diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, han expresado su preocupación por el impacto que esta militarización tendrá en la seguridad pública y en la vida civil. Argumentan que la estrategia de militarizar la seguridad ha fracasado en el pasado y que podría aumentar las violaciones a los derechos humanos.
“Militarizar la seguridad pública no ha funcionado en más de una década”, señaló Mariana Cruz, investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos. “Lo que necesitamos es una reforma integral que fortalezca a las policías civiles, no más intervención militar”, agregó. Además, varios partidos de oposición han señalado que esta reforma es un retroceso en los esfuerzos por construir una policía civil confiable y profesional.
Con la aprobación de la Reforma Judicial ya en el pasado, Morena y sus aliados se enfocan ahora en esta nueva meta. La discusión en la Cámara de Diputados promete ser intensa, ya que la oposición ha manifestado que no apoyará una reforma que, en su opinión, socava la autonomía civil y consolida la militarización del país.
Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, ha señalado que las reformas en cuestión son necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía y consolidar los avances en justicia social que ha promovido el gobierno de la Cuarta Transformación. “La Guardia Nacional ha demostrado ser efectiva, y esta reforma solo formaliza lo que ya es una realidad: su papel fundamental en la estrategia de seguridad de México”, dijo en un evento reciente en Quintana Roo.
El tiempo corre: Urgencia de aprobar las reformas
Los trabajos legislativos para aprobar estas reformas no solo están condicionados por el calendario legislativo, sino también por la presión política que implica el fin del mandato de López Obrador. Morena y sus aliados buscan aprobar todas las reformas posibles antes de que concluya su mandato, conscientes de que una vez que AMLO deje el poder, podría ser más difícil impulsar cambios de esta magnitud.
Este esfuerzo ha sido complicado por el bloqueo del Palacio Legislativo de San Lázaro, que realizaron por nueve días trabajadores del Poder Judicial, quienes se oponen a la Reforma Judicial. A pesar de estos obstáculos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados anunció que las discusiones sobre la reforma de la GN y los derechos de los pueblos indígenas se retomarán esta semana.
La reforma de la Guardia Nacional representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad de México. Si bien cuenta con el apoyo de una amplia mayoría en el Congreso y de buena parte de la ciudadanía, también enfrenta fuertes críticas y resistencia. En los próximos días, la Cámara de Diputados y el Senado tendrán la tarea de discutir y posiblemente, aprobar una de las reformas más polémicas del sexenio de López Obrador.
