A Morena le urge obedecer al Presidente y deshacerse de todas las organizaciones que le estorban a sus planes. La bancada del partido Morena ha presentado un predictamen que propone la extinción de siete órganos autónomos y entes reguladores, a pesar de que la Comisión de Puntos Constitucionales había acordado que el proceso de dictaminación de la iniciativa en materia de simplificación administrativa comenzaría el 15 de agosto.
Este proyecto busca racionalizar los recursos públicos, promover la austeridad y eliminar la duplicidad de funciones para erradicar las desigualdades sociales.
Órganos Afectados por la Reforma
El predictamen, que ya circula dentro de la Cámara de Diputados, confirma la extinción de los siguientes organismos:
1. Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
2. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
3. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
4. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
5. Comisión Reguladora de Energía (CRE)
6. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
7. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
El proyecto argumenta que la eliminación de estos órganos permitirá una mejor racionalización de los recursos públicos y promoverá una política de austeridad. Además, se busca evitar la duplicidad de funciones, lo que contribuirá a erradicar las desigualdades sociales.
Justificación del Predictamen
El texto del predictamen señala que los órganos constitucionales autónomos en México carecen de legitimidad democrática, ya que fueron creados en respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de organismos internacionales para descentralizar la Administración Pública Federal (APF). Sin embargo, el documento afirma que la creación de estos organismos no ha implicado un verdadero proceso de descentralización, sino más bien una desconcentración administrativa.
Un ejemplo destacado es la CRE, que según el predictamen, comenzó a otorgar permisos de generación eléctrica a particulares de manera irresponsable y desordenada, poniendo en riesgo las redes de transmisión y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Con la propuesta de reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiría el establecimiento de tarifas eléctricas, y la Secretaría de Energía asumiría las demás facultades y atribuciones de la CRE, en línea con la política de austeridad republicana del gobierno actual.
Asignación de Atribuciones
En caso de aprobarse el predictamen, las atribuciones de los órganos extintos se repartirán entre diversas secretarías y dependencias del gobierno federal:
- Cofece: Secretaría de Economía
- CRE y CNH: Secretaría de Energía (Sener)
- IFT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
- Mejoredu: Secretaría de Educación Pública (SEP)
- Coneval: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- INAI: Diversos entes públicos y la Función Pública
El predictamen también establece que los recursos materiales, registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos extintos pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal o del INEGI, según corresponda.
Impacto Financiero y Legal
El documento destaca que desde su creación y hasta 2024, se ha asignado a los organismos que se pretende extinguir un total de 32,313 millones 546 mil 205 pesos, con incrementos anuales en sus presupuestos. Además, se establece que las economías y ahorros generados por la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El predictamen asegura que la extinción de los órganos autónomos no transgrede las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que no se deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
El predictamen ha generado diversas reacciones. Por un lado, los defensores de la propuesta argumentan que la eliminación de estos órganos permitirá una gestión más eficiente de los recursos públicos y una mayor transparencia. Sin embargo, críticos de la medida señalan que podría concentrar demasiado poder en el Ejecutivo y debilitar los mecanismos de control y regulación independientes.
