El debate sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) continúa encendiendo los ánimos en la Cámara de Diputados, donde la LXVI Legislatura ha iniciado con una fuerte confrontación entre las distintas fuerzas políticas. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, volvió a tomar la palabra para defender la inconstitucionalidad de los amparos que han intentado frenar la discusión de la reforma.
El pasado 1 de septiembre, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad relativa a la reforma al PJF, lo que formalizó la presentación del dictamen ante el pleno. Esta acción es un paso procedimental que marca el inicio del debate y votación en torno a la reforma que busca transformar de manera significativa el sistema judicial en México.
La reforma al PJF propuesta por Morena y sus aliados tiene como ejes principales la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular y la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. Estas medidas han sido vistas por el oficialismo como esenciales para acercar la justicia al pueblo y aumentar la legitimidad del sistema judicial.
La Postura de Ricardo Monreal
Durante su intervención, Monreal se mostró categórico al rechazar la validez de los amparos concedidos por dos jueces que ordenaron la suspensión del proceso legislativo. “Sé que hay personas de juicio, algunos juristas, abogados, sobre todo hay personas con sentido común, y sé que van a coincidir conmigo por sinceridad, por honestidad intelectual, que no podemos admitir lo que dos jueces resolvieron de un planteamiento de cuatro jueces sobre un juicio de amparo y una suspensión provisional otorgada”, afirmó el coordinador morenista.
Monreal argumentó que, según el artículo 135 de la Constitución, las reformas constitucionales requieren un proceso complejo que involucra mayorías calificadas en el Congreso y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. En este contexto, insistió en que los amparos no proceden cuando se trata de reformas constitucionales, dado que estos procesos son prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo y no pueden ser intervenidos por el Poder Judicial.
La Respuesta de la Oposición
La intervención de Monreal no fue bien recibida por la oposición. Durante la misma sesión, los diputados del PRI, liderados por Rubén Moreira, decidieron abandonar el pleno en señal de protesta. Moreira explicó que su bancada no podía participar en un debate que desacatara una orden judicial. “No podemos ir a una sesión de debate porque dos jueces han dictado una suspensión y nosotros respetamos esa decisión”, comentó Moreira antes de retirarse junto a sus colegas priistas.
Este acto de protesta reflejó la profunda división en el Congreso. Mientras Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde avanzan con la reforma, los partidos de oposición, incluidos el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, insisten en que se deben respetar los fallos judiciales y suspender el proceso legislativo hasta que se resuelvan los amparos.
La postura de Ricardo Monreal, aunque respaldada por la mayoría oficialista, ha generado un debate más amplio sobre la independencia de los poderes y el papel del Poder Judicial en el proceso legislativo. Monreal insistió en que la reforma al PJF es un mandato de la ciudadanía expresado en las urnas, y que el Congreso tiene la responsabilidad de llevarla a cabo sin interferencias.
Por otro lado, la oposición ha expresado su preocupación de que la reforma pueda debilitar la independencia del Poder Judicial. Agustín Rodríguez, del PAN, pidió a Morena y sus aliados que reconsideren su postura y respeten los fallos judiciales. “No podemos ignorar las protestas de los jueces, abogados y estudiantes que han salido a las calles en defensa del Poder Judicial”, afirmó Rodríguez en su intervención.
Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la aprobación de esta reforma podría llevar a un “colapso democrático”, argumentando que la elección de jueces y ministros mediante voto popular podría politizar en exceso el sistema judicial, comprometiendo su imparcialidad.
A pesar de las críticas y la salida del PRI, la mayoría oficialista continuó con el proceso legislativo. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma la semana anterior, y se espera que el pleno de la Cámara lo discuta y vote en lo general el martes 3 de septiembre. Posteriormente, se llevará a cabo la votación en lo particular el miércoles 4 de septiembre.
Entre las medidas más controvertidas de la reforma se encuentra la elección de jueces mediante voto popular, un cambio que, según sus defensores, aumentará la legitimidad y cercanía del Poder Judicial con la ciudadanía. Sin embargo, sus detractores advierten que esta medida podría abrir la puerta a la influencia política en el nombramiento de jueces, comprometiendo su independencia.
Otro aspecto importante es la reducción del número de ministros en la SCJN. Actualmente, el tribunal está compuesto por 11 ministros, pero la reforma propone reducir este número a 9. Morena argumenta que esta medida busca hacer más eficiente el funcionamiento del máximo tribunal del país, mientras que la oposición la ve como un intento de concentrar el poder en menos manos.
Para Morena y sus aliados, la reforma al PJF es un pilar fundamental en su proyecto de la Cuarta Transformación. Reginaldo Sandoval, del PT, defendió la reforma afirmando que es necesaria para transformar un sistema judicial que, según él, ha estado desconectado de las necesidades del pueblo. “No le fallaremos al pueblo de México”, aseguró Sandoval, alineándose con la narrativa del oficialismo.
Carlos Puente, del Partido Verde, también expresó su respaldo a la reforma, asegurando que su partido trabajará con responsabilidad para cumplir con el mandato de los ciudadanos que votaron por la Cuarta Transformación. Este compromiso con la reforma refleja la importancia que el oficialismo le atribuye al cambio en el sistema judicial como parte de su agenda de gobierno.
