Hasta el momento, 14 estados de México han realizado reformas constitucionales que modifican las reglas para la elección de jueces y magistrados, mientras que otros 18 congresos estatales aún tienen pendiente esta tarea. Estas reformas buscan alinear las disposiciones locales con la reforma al Poder Judicial Federal, aprobada y publicada el pasado 15 de septiembre, pero las variaciones en los tiempos y mecanismos están generando un debate político intenso.
Campeche marca una excepción
Entre las entidades que ya realizaron los cambios, Campeche sobresale por posponer la elección popular de sus juzgadores hasta 2027. En su artículo 78 bis de la Constitución estatal, se establece que las elecciones de magistrados y jueces se realizarán junto con los comicios estatales ordinarios de ese año.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, destacó: “Esta medida nos permite preparar un proceso justo y eficiente para la ciudadanía, con los recursos adecuados.” Por su parte, la oposición criticó el retraso, calificándolo como una estrategia para evitar cambios inmediatos.
Estados que implementan las reformas en 2025
En contraste, entidades como Ciudad de México, Veracruz y Aguascalientes ya aprobaron las reformas necesarias para que las elecciones de jueces y magistrados se realicen en 2025. Estas incluyen reducciones en los periodos de magistrados, pasando de 15 a 9 años, y ajustes en los cuerpos colegiados.
El Congreso de Veracruz, en una sesión realizada en fast track, aprobó su reforma con 39 votos a favor y 9 en contra. Legisladores opositores reclamaron la falta de un parlamento abierto. La gobernadora Rocío Nahle defendió la iniciativa, afirmando que “estas reformas fortalecen la transparencia y democratización del Poder Judicial.”
Requisitos y procedimientos
Los mecanismos que están adoptando los estados contemplan:
- Campañas electorales limitadas: Duración de 30 días sin precampañas.
- Requisitos estrictos para candidatos: No estar inscritos en padrones de deudores alimentarios ni haber cometido violencia familiar, política o de género.
- Nuevas instituciones: Creación de tribunales de disciplina judicial y órganos de administración judicial que reemplazarán a los consejos de la judicatura locales.
Estos cambios están diseñados para garantizar que los jueces y magistrados sean elegidos de manera directa y transparente por los ciudadanos, una medida que según el gobierno federal busca erradicar la corrupción en el sistema judicial.
Papel de los organismos electorales
En cada entidad, los institutos electorales estatales serán los responsables de organizar los comicios, lo que implica coordinar la inscripción de aspirantes, depuración de listas y definición de finalistas mediante un sorteo. Además, los congresos estatales tienen la tarea de asignar recursos presupuestales para implementar estas medidas.
Luis Nava, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, señaló: “Es fundamental contar con el financiamiento adecuado para que este proceso sea inclusivo y transparente.”
Reto para los estados pendientes
Aún restan 18 estados que no han concretado sus reformas. Estas entidades enfrentan el reto de adecuar sus constituciones antes de 2025 para evitar quedar fuera del marco establecido por la reforma federal. Entre los factores que complican el avance están los debates políticos internos y la falta de consenso entre partidos.
En el Congreso de Michoacán, legisladores del PRI y el PAN han expresado su apoyo condicional. Alejandra Torres, diputada del PAN, declaró: “Respaldamos la democratización, pero exigimos claridad en los mecanismos.”
Aunque estas reformas buscan una mayor participación ciudadana en la elección de juzgadores, también han generado preocupaciones. Expertos en derecho señalan que la elección popular podría politizar el Poder Judicial.
“Es crucial establecer barreras claras para evitar que intereses partidistas influyan en las decisiones judiciales,” afirmó la jurista Martha Rojas.
Por otro lado, activistas ven estas medidas como un paso hacia la transparencia. Ana Martínez, representante de una ONG de derechos humanos, indicó: “Estas reformas son una oportunidad única para empoderar a los ciudadanos.”
Con 14 estados avanzando en la implementación de estas reformas y 18 más en espera, el camino hacia una renovación judicial plena en México aún enfrenta retos. Las próximas semanas serán clave para observar si los congresos estatales pendientes logran acuerdos para alinearse con la reforma federal y garantizar un sistema judicial más participativo y transparente.
