La reciente reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión ha generado controversia desde su entrada en vigor el pasado 16 de septiembre. El Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por su presidente, Marko Cortés, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que esta reforma es, en realidad, una modificación en materia electoral. Ahora, será el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien revisará la impugnación presentada por el PAN para decidir si procede el trámite del recurso.
El recurso, identificado con el expediente número 164/2024, es una respuesta directa a lo que el PAN considera un cambio que afecta la imparcialidad y la autonomía del Poder Judicial. Según Marko Cortés, la reforma permitiría que jueces y magistrados sean electos directamente por la ciudadanía, lo que a su juicio, es una alteración del sistema judicial hacia uno de tinte electoral. Cortés ha señalado que la esencia de la reforma no es meramente jurídica, sino que tiene profundas implicaciones políticas, al involucrar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en estos procesos.
En palabras de Cortés, “La acción de inconstitucionalidad se presenta porque se trata más bien de una reforma en materia electoral, para que jueces y magistrados sean votados de forma directa por la ciudadanía, lo que genera un sesgo político en la impartición de justicia”. Además, el PAN ha señalado que la reforma podría vulnerar los principios de independencia judicial, al ser los procesos organizados y calificados por instancias electorales.
Respuesta del Poder Judicial
La SCJN, por su parte, ha sido cauta al respecto. En la notificación oficial emitida, se turnó el expediente al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá debido a la relación que tiene este caso con otra controversia constitucional interpuesta por el gobierno del estado de Guanajuato. Esta controversia, registrada bajo el expediente 286/2024, también impugna el decreto legislativo que originó la reforma judicial.
El ministro González Alcántara, quien ha ocupado diversos cargos en el ámbito judicial, ha sido designado para analizar y decidir si admite a trámite el recurso presentado por el PAN. De acuerdo con el comunicado emitido por la SCJN, “Se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”, lo que refleja la importancia y urgencia de este asunto dentro del máximo tribunal del país.
Posibles implicaciones de la reforma judicial
Uno de los principales puntos de debate es la manera en que la reforma judicial podría afectar la estructura actual del sistema de justicia en México. Para el PAN, esta reforma representa una amenaza a la autonomía de los jueces, ya que al ser electos de forma directa, se corre el riesgo de que los procesos judiciales sean influenciados por intereses políticos y no por la legalidad. La participación de instituciones como el INE y el TEPJF en la organización y evaluación de estos procesos también ha sido motivo de preocupación para la oposición.
Al respecto, algunos expertos han señalado que la reforma podría cambiar drásticamente la forma en que se designan y supervisan a los jueces en México. Una fuente cercana al PAN comentó que “la participación ciudadana directa en estos procesos abre la puerta a que las decisiones judiciales puedan estar condicionadas por factores externos, lo que debilita la independencia del Poder Judicial”. Además, se ha destacado que el hecho de involucrar a organismos electorales en la elección de jueces podría distorsionar el equilibrio entre poderes en el país.
Reacciones dentro del ámbito político
Desde que se presentó la reforma, diversos actores políticos han manifestado sus posturas a favor y en contra. Mientras el PAN ha sido uno de los principales opositores, otras voces dentro del Congreso y el gobierno han respaldado los cambios, argumentando que son necesarios para hacer más democrático y accesible el sistema judicial.
El senador Ricardo Monreal, quien ha sido uno de los promotores de la reforma, expresó en un reciente evento en la Ciudad de México que “la reforma es un paso hacia una justicia más cercana a los ciudadanos. No se trata de politizar el Poder Judicial, sino de democratizarlo. La gente debe tener el derecho de elegir a quienes administran la justicia en nuestro país”. Estas declaraciones reflejan una visión en la que se busca justificar la reforma como un avance en términos de participación ciudadana en las decisiones clave del país.
Por otro lado, legisladores de otros partidos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC) han mostrado sus reservas ante la medida. Según el diputado Jorge Álvarez Máynez de MC, “la reforma puede ser contraproducente. Aunque en teoría podría acercar a los ciudadanos al sistema de justicia, en la práctica puede generar más problemas que soluciones, pues no es claro cómo se mantendrá la imparcialidad de los jueces”.
Con el recurso de inconstitucionalidad ya presentado, la expectativa ahora se centra en lo que decida el ministro González Alcántara Carrancá. Si decide admitir el recurso, la SCJN deberá analizar en profundidad los argumentos presentados por el PAN y determinar si la reforma judicial efectivamente atenta contra la Constitución.
En el camino, será crucial seguir de cerca las posturas de los demás partidos y las reacciones de la sociedad civil, especialmente de los sectores involucrados en la administración de justicia. La independencia del Poder Judicial ha sido un tema recurrente en la historia política reciente de México, y este caso podría marcar un precedente importante en la relación entre los poderes del Estado.
