En una condición preocupante para los derechos humanos y la equidad social, las leyes antiinmigrantes recientemente promulgadas en los estados de Georgia y Tennessee han encendido una alarma entre la población inmigrante y las autoridades consulares mexicanas. A la luz de estas nuevas legislaciones, México ha intensificado sus esfuerzos para garantizar la protección y el apoyo a sus ciudadanos en el extranjero, especialmente ante disposiciones que podrían resultar en prácticas discriminatorias y arbitrarias.
Este 1° de julio entró en vigor la HB 1105 en Georgia, seguida de una medida similar en Tennessee. Estas leyes exigen que las fuerzas de seguridad locales colaboren estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), verificando el estatus migratorio de los detenidos y potencialmente participando en el controversial convenio federal 287(g), lo que ha generado una ola de inquietud entre las comunidades de inmigrantes.
La Cámara estatal de Georgia aprobó el Proyecto de Ley 1105, conocido como “Ley de seguimiento e informe de extranjeros criminales de Georgia de 2024”, con una votación mayoritariamente partidista de 99 a favor y 75 en contra.
Este proyecto, impulsado por el representante republicano Jesse Petrea, exige a los carceleros que retengan a cualquier sospechoso que sea buscado por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), si se cree que está en el país sin permiso legal, e impone sanciones a los alguaciles que no informen a las autoridades de inmigración sobre detenciones de personas bajo esta sospecha.
Desde Atlanta, Javier Díaz de León, el cónsul general de México, ha sido una voz crítica contra estas disposiciones. En reciente declaración, Díaz de León denunció que las leyes por crear un clima de “incertidumbre, temor y vulnerabilidad” entre los mexicanos en Estados Unidos. “Estas leyes pueden llevar al acoso, la detención, la expulsión y la criminalización indebida de nuestros compatriotas”, expresó durante una transmisión en redes sociales.
Ante esta situación, el consulado ha lanzado una serie de recomendaciones prácticas para los mexicanos en esos estados. Se insta a evitar cualquier contacto innecesario con la policía y se enfatiza el derecho a no dialogar con las autoridades sin la presencia de un abogado. Además, se ha prometido el uso de todos los recursos consulares y legales disponibles para defender los derechos de los ciudadanos mexicanos.
La Alianza Latina Pro-Derechos Humanos de Georgia (GLAHR) y otras organizaciones han comenzado a movilizarse intensamente, realizando reuniones informativas y sesiones de educación sobre los derechos civiles fundamentales. Adelina Nicholls, directora ejecutiva de GLAHR, compartió que “la comunidad está ansiosa por entender cómo estas leyes afectarán su día a día y estamos aquí para proporcionar esa claridad y apoyo”.
Un caso que precipitó la promulgación de estas leyes fue el trágico asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería en Georgia, presuntamente a manos de un inmigrante indocumentado. Este incidente fue utilizado como un catalizador por los legisladores para impulsar la adopción de la HB 1105, lo que ha sido visto por muchos como un aprovechamiento político de una tragedia para fomentar medidas extremas.
La situación actual requiere una vigilancia constante y un compromiso activo no solo de las autoridades consulares sino también de la sociedad civil para proteger los derechos de todos los inmigrantes. Es crucial que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantengan su atención en estas leyes y sus implicaciones, asegurando que no se erosionen los principios de justicia y equidad bajo el pretexto de la seguridad.
