Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), ha lanzado una fuerte acusación contra los gobernadores de Morena, sosteniendo que existe una complicidad entre estos y los grupos delictivos, tras el respaldo expresado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de las controversias ligadas a Ismael “El Mayo” Zambada.
“Este comunicado confirma la total impunidad y complicidad generalizada de los gobiernos de Morena con los grupos delictivos. México merece vivir en paz, exigimos que acaben ya con los abrazos a criminales”, declaró Cortés en una publicación en su cuenta de X. Esta declaración surge como reacción a la defensa que los gobernadores de Morena y la dirigencia nacional del partido hicieron de Rocha Moya, quien ha sido señalado en declaraciones por parte de la defensa legal de “El Mayo” Zambada.
El foco de esta polémica se centra en el respaldo que Rubén Rocha Moya recibió de sus compañeros de partido después de que se hicieran públicas acusaciones en su contra por supuestas reuniones con El Mayo Zambada. Los gobernadores de Morena, junto con la dirigencia del partido, rechazaron estas acusaciones, calificándolas de parte de “una campaña de mentiras y estigmatización” y respaldaron firmemente la integridad de Rocha Moya.
Además, estos líderes destacaron la trayectoria del gobernador, asegurando que ha mantenido un comportamiento ajustado a la ley y siempre ha vivido bajo los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
En respuesta a estos eventos, el PAN ha exigido al gobierno federal que aclare diversas contradicciones relacionadas con la detención de El Mayo Zambada y los supuestos nexos de los gobernadores con el crimen organizado. Cortés también destacó la necesidad de investigar la presunta reunión entre El Mayo, Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen, así como el paradero de un policía desaparecido en circunstancias misteriosas durante la detención de Zambada.
El partido opositor ha solicitado que los titulares de la Fiscalía General de la República, de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores comparezcan ante la Comisión Bicameral del Congreso para esclarecer estos hechos y responder sobre la supuesta facilidad con que los narcotraficantes han operado dentro del país.
En medio de la tormenta política, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la inocencia y la integridad de Rocha Moya, insinuando que las acusaciones forman parte de una estrategia de algunos sectores en Estados Unidos para debilitar su gobierno y mantener a México en una posición de sumisión.
Durante su habitual conferencia matutina, López Obrador argumentó que su administración ha iniciado una transformación verdadera y que los intereses en Estados Unidos que buscan interferir no quieren aceptar los cambios de política que se están implementando en México. El presidente aseguró que “no somos corruptos” y rechazó cualquier relación de su gobierno con el crimen organizado.
La controversia sigue desatando debates y preocupaciones a lo largo del país, especialmente considerando la posibilidad de que Zambada, detenido recientemente en Estados Unidos, pueda llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para delatar a políticos y capos que colaboraron con él en México.
El caso también recuerda al de Genaro García Luna, quien fue condenado en Nueva York por colaborar con el Cartel de Sinaloa. Estos eventos ponen en evidencia las profundas complicaciones y desafíos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción política.
La situación continúa desarrollándose, y México observa con atención cómo sus líderes políticos manejarán las complicadas dinámicas de poder y justicia en un momento crítico para la nación.
