La sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en la calle de Pino Suárez en el Centro Histórico de la Ciudad de México, volvió a la normalidad este viernes después de que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación decidieran levantar el bloqueo que habían mantenido desde la mañana del jueves.
Esta protesta, que duró 24 horas, fue una respuesta directa a la controvertida Reforma al Poder Judicial impulsada por Morena y sus aliados, que plantea cambios profundos en el sistema judicial del país.
La manifestación inició el jueves 29 de agosto a las 7:00 a.m., cuando empleados del Poder Judicial bloquearon los accesos al edificio principal de la SCJN. Esta acción obligó a la Corte a declarar el día como “inhábil” para evitar que los plazos procesales en curso se vieran afectados por la falta de actividad.
Durante la protesta, los manifestantes expresaron su descontento con la reforma judicial que se discutirá en el Congreso la próxima semana, una propuesta que cambiaría radicalmente la manera en que se eligen los jueces en México, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte, quienes serían elegidos por voto popular a partir de junio de 2025.
Los empleados judiciales, muchos de los cuales portaban pequeñas banderas de México y pancartas, corearon consignas en defensa de la independencia judicial. “El Poder Judicial no va a caer. Somos los guardianes de tus garantías”, se escuchaba entre la multitud, manifestando su preocupación de que la reforma pueda debilitar la autonomía de las instituciones judiciales frente a presiones políticas.
Además de los trabajadores, se sumaron a la manifestación estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, quienes marcharon junto con el personal judicial por las calles del Centro Histórico. Los manifestantes sostuvieron que la reforma es un intento de politizar el Poder Judicial, lo cual podría socavar su imparcialidad y su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo frente a los otros poderes del Estado.
La Reforma al Poder Judicial, que ha generado un amplio debate en todo el país, propone que todos los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Sus defensores argumentan que esta medida fortalecería la democracia al permitir que la ciudadanía tenga un papel más directo en la selección de quienes administran la justicia en el país.
Críticos de la reforma, incluidos muchos miembros del Poder Judicial, advierten que este cambio podría abrir la puerta a la politización del sistema judicial y a la influencia indebida de grupos de interés en la elección de jueces.
La reforma también ha generado preocupación en la comunidad internacional. Diversos observadores y expertos han señalado que la elección de jueces por voto popular podría comprometer la independencia judicial, un pilar fundamental para garantizar un Estado de derecho sólido y funcional.
La Embajada de Estados Unidos en México, por ejemplo, expresó su apoyo a la idea de una reforma judicial en general, pero subrayó que la elección popular de jueces no aborda adecuadamente los problemas de corrupción en el sistema y podría, de hecho, exacerbarlos.
A pesar del bloqueo, los ministros de la SCJN lograron ingresar al edificio durante la mañana del jueves, aunque la jornada fue inusualmente tranquila en el máximo tribunal. En lugar de sus habituales sesiones públicas, los ministros sostuvieron una reunión privada en la que no se discutió la posibilidad de sumarse al paro de labores que ya afecta a juzgados y tribunales federales en todo el país.
La decisión de levantar el bloqueo fue tomada por los trabajadores del Poder Judicial en las primeras horas del viernes, permitiendo que las operaciones en la SCJN se reanudaran con normalidad. La protesta, aunque breve, sirvió como una poderosa demostración de las tensiones que la reforma judicial ha generado entre los empleados del sistema de justicia y la administración actual.
El retiro del bloqueo también refleja una estrategia por parte de los trabajadores para evitar una escalada del conflicto, en un contexto en el que las negociaciones y los debates sobre la reforma continúan; sin embargo, la posibilidad de futuras protestas no está descartada, especialmente si la reforma avanza en el Congreso sin modificaciones significativas que aborden las preocupaciones de los trabajadores y los expertos en derecho.
El conflicto en torno a la Reforma al Poder Judicial es un reflejo de las profundas divisiones políticas y sociales que atraviesan el país en estos momentos. Mientras algunos ven en la reforma una oportunidad para democratizar el sistema judicial, otros la perciben como una amenaza a la independencia de los jueces y a la imparcialidad de la justicia.
