22 noviembre, 2024

La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un acalorado debate en los últimos días. Aprobada ya por la Cámara de Diputados gracias a la supermayoría de la coalición Morena, PT y PVEM, la reforma está en proceso de ser votada en el Senado. Sin embargo, conseguir los votos necesarios en la Cámara Alta no ha sido tarea fácil, especialmente porque Morena se quedó a un voto de lograr la mayoría calificada.

 

El rol de Adán Augusto López y la búsqueda de consensos

Uno de los protagonistas clave en este proceso ha sido Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y senador de Morena, quien ha estado al frente de las negociaciones para convencer a senadores de la oposición, en particular del PRI, para que apoyen la reforma. En una serie de declaraciones recientes, López Hernández negó que se estén utilizando tácticas de presión o amenazas, pero reconoció que sí han tenido acercamientos con senadores priistas para explicarles lo que considera la “trascendencia histórica” de esta reforma.

 

“He platicado con algunos de ellos, intentando convencerlos de la importancia histórica que tendría su apoyo para la reforma judicial”, comentó López Hernández en entrevista. Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre si se habían ofrecido incentivos a cambio del voto, fue claro en su respuesta: “Nada”, dejando el tema sin más detalles.

Acusaciones desde el PRI: “Presiones y amenazas”

A pesar de las declaraciones de López Hernández, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, denunció en una conferencia de prensa que los senadores de su partido han sido objeto de presiones y amenazas por parte del partido oficialista. Según Moreno, estas presiones incluyen amenazas personales y hacia sus familias, así como ofertas de grandes sumas de dinero para cambiar de bando o ausentarse de la votación.

Las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido son brutales. Amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de los legisladores y sus familias, e incluso presiones del Instituto Nacional Electoral. Esto es inaceptable“, denunció Moreno, marcando una postura firme en contra de la reforma. En ese mismo mensaje, afirmó que los senadores del PRI acordaron un voto unificado en contra de la propuesta: “Los priistas vamos a votar en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial“.

Movilizaciones a favor y en contra de la reforma

El impacto de la reforma judicial no se ha limitado a las esferas políticas. Este domingo se esperan marchas y movilizaciones en la Ciudad de México, tanto a favor como en contra de la reforma. Diversos colectivos, como Jóvenes por la Reforma Judicial, han convocado a una manifestación frente al Senado para expresar su respaldo a la iniciativa del presidente López Obrador. Este grupo ha llamado a estudiantes de universidades públicas y privadas del país, como la UNAM, UAM, IPN, entre otras, a unirse a la protesta.

En contraste, organizaciones de la sociedad civil, trabajadores del Poder Judicial y asociaciones de magistrados y jueces han anunciado una movilización masiva en rechazo a la reforma. Encabezada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) y otros colectivos como “Justicia Libre” y “Guardianes de la Constitución”, se espera que esta marcha parta del Hemiciclo a Juárez hacia el Senado.

 

Guadalupe Acosta Naranjo, miembro del Frente Cívico Nacional, indicó que su organización también participará en las protestas, con la presencia de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial. Acosta Naranjo explicó que el ministro en retiro José Ramón Cossío será el principal orador de la manifestación, donde se espera la participación de cientos de personas que continuarán su protesta en las inmediaciones del Senado durante los próximos días.

 

La postura del gobierno: Sin presiones, pero con urgencia

Por su parte, el presidente López Obrador ha insistido en que la reforma no dará paso a la inestabilidad económica, acusando a ciertos grupos de querer “confundir” a la opinión pública. En un discurso reciente, el mandatario mexicano reiteró su llamado a los senadores a votar la reforma “sin presiones”, al tiempo que anunció que su administración continuará analizando las “fallas” en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

La reforma judicial busca, entre otras cosas, que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos mediante voto popular, en lugar de ser nombrados de forma interna. Esta propuesta ha generado un intenso debate en torno a la independencia judicial y el equilibrio de poderes, con voces a favor que argumentan que democratizaría el Poder Judicial, y opositores que temen una mayor politización del mismo.

Un voto decisivo en el Senado

Con la votación programada para el próximo miércoles, la atención se centra ahora en si Morena logrará conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma. Aunque el panorama parece complicado, Adán Augusto López y los líderes de Morena en el Senado no han dejado de buscar el apoyo de los senadores indecisos, especialmente dentro del PRI.

 

El destino de la reforma judicial marcará un antes y un después en la relación entre los poderes en México. Tanto los aliados del presidente López Obrador como sus opositores coinciden en una cosa: el resultado de esta votación tendrá consecuencias profundas para el sistema de justicia y la política nacional.

¿Qué está en juego?

La discusión en torno a la reforma judicial va más allá de los pasillos del Congreso. Para el gobierno de López Obrador, la aprobación de esta reforma representa un paso fundamental para consolidar su proyecto de la Cuarta Transformación, mientras que para la oposición y diversos grupos de la sociedad civil, la reforma es vista como una amenaza a la independencia judicial y al equilibrio democrático del país.

 

En los próximos días, México será testigo de intensas movilizaciones, negociaciones políticas y discursos que definirán el futuro de una de las reformas más controversiales de la actual administración.