Hoy el mensaje fue claro por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), todas las ONGs deben rendir cuentas y ser más transparentes sobre sus fuentes de financiamiento, claro, aunque el gobierno no ponga el ejemplo. Estas propuestas buscan asegurar que las operaciones de estas organizaciones se alineen con las leyes mexicanas, especialmente en un contexto donde los movimientos financieros podrían tener implicaciones políticas.
Según la información proporcionada por la UIF, entre 2016 y 2023, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha efectuado pagos que ascienden a más de 203 millones de pesos a diversas personas físicas. Entre los beneficiarios se encuentra María Amparo Casar, quien recibió aproximadamente 26 millones de pesos a través de 117 transacciones, y Claudio X. González, quien acumuló 11 millones de pesos en 101 operaciones.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido abordar directamente con su homólogo estadounidense, Joe Biden, una cuestión delicada que toca las fibras de la soberanía nacional: el financiamiento de Estados Unidos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en México, que el mandatario considera una injerencia en los asuntos internos del país.
Es claro que a López Obrador no le gusta que se metan con su forma de gobernar y cuando se trata de la oposición, dará pelea, es por eso que este miércoles, el presidente anunció que enviará una carta personal a Biden, complementada con una nota diplomática formal por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para discutir los aportes financieros que el gobierno estadounidense ha realizado a varias ONGs mexicanas, incluyendo Mexicanos Contra la Corrupción. La preocupación del Presidente mexicano radica en que estos fondos podrían estar influyendo en la política interna de manera no transparente y potencialmente sesgada.
Adicionalmente, se solicitará a la procuradora fiscal y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que revisen estos donativos para asegurarse de que cumplen con la legislación mexicana. Esta revisión tiene como objetivo confirmar la legalidad y la transparencia de las operaciones financieras de las ONGs implicadas, especialmente en lo que respecta a su participación en actividades políticas.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF), liderada por Pablo Gómez, ha propuesto reformas para exigir a las ONGs mayor transparencia sobre los fondos que reciben. Actualmente, la legislación no obliga a estas organizaciones a informar públicamente sobre sus ingresos, lo que ha creado un ambiente de desconfianza hacia algunas entidades percibidas como políticamente activas.
La acción de López Obrador no solo se enmarca en su continua lucha contra la corrupción y los privilegios, sino también en un contexto más amplio de tensión política, donde se acusa a ciertas ONGs de actuar como brazos políticos disfrazados de activismo civil. Esta medida es vista tanto como un paso necesario para preservar la integridad política del país como una maniobra que podría ser interpretada como un intento de silenciar a la oposición crítica.
La carta al Presidente Biden plantea un dilema diplomático, ya que pone en la mesa de discusión la delicada cuestión de la soberanía nacional frente a la cooperación internacional en temas de desarrollo y derechos humanos. Dependiendo de la respuesta de Biden, este evento podría redefinir las relaciones bilaterales en términos de cómo Estados Unidos apoya a organizaciones en otros países, especialmente en su vecino del sur.
