El paquete fiscal 2025 ha generado intensos debates en la Cámara de Diputados. Legisladores de distintas bancadas expresaron preocupaciones sobre su impacto en la economía nacional, mientras que otros defendieron la propuesta desde un enfoque social.
Fue así como finalmente se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2025 en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero con el voto en contra de la oposición, ya que consideró fue injusta con los estados y municipios.
Posiciones partidarias en la Cámara Baja
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) advirtió que este paquete “no garantiza que nuestro país preserve su grado de inversión”, citando cifras alarmantes: el mayor saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, el mayor déficit y la más alta tasa de interés real en lo que va del siglo. Además, calificó como un escándalo la situación de Pemex, afirmando que su incapacidad para pagar a proveedores demuestra una “destrucción de la capacidad contributiva”.
Por su parte, el diputado Yerico Abramo Masso lamentó el “descobijo total” de estados y municipios, señalando la falta de fondos especiales para infraestructura regional y problemas de movilidad. Aunque reconoció incrementos en áreas como mantenimiento carretero y seguridad, criticó la falta de claridad sobre el destino de estos recursos.
Desde la oposición, Guillermo Anaya Llamas (PAN) expresó dudas sobre el crecimiento económico proyectado, así como los impactos en la cotización del dólar y las remesas, aspectos clave para las finanzas de millones de familias mexicanas.
En contraste, las diputadas Claudia Rivera Vivanco (Morena) y Cindy Winkler Trujillo (PVEM) defendieron el enfoque integral del presupuesto. Rivera destacó los incrementos en salud, educación y programas sociales, como el apoyo al IMSS-Bienestar y la creación de la beca Rita Cetina. “Es impreciso hablar de una reducción para los estados; hay que verlo de manera integral”, subrayó.
Winkler Trujillo justificó la disminución en recursos asignados a las entidades argumentando que, aunque recibirán menos fondos directamente, “en los hechos las personas tendrán más dinero en su mano” debido al aumento en programas sociales.
El debate refleja profundas divisiones en torno a las prioridades económicas y sociales del país. Mientras algunos ven en el paquete fiscal una amenaza para la estabilidad económica, otros lo consideran una herramienta para impulsar el bienestar de la población. Con el tiempo, su impacto real se verá en las finanzas estatales y en la vida de los ciudadanos.
