Recientemente se llevó a cabo una audiencia para discutir la validez de la Ley SB4 de Texas, que permite a la policía estatal arrestar a migrantes. En la sesión, el gobierno texano admitió que la ley podría haber ido demasiado lejos en sus atribuciones.
El procurador general de Texas, Aaron Nielson, reconoció durante la audiencia que los legisladores buscaron ir hasta “el límite mismo” de lo que permite el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que “quizá Texas fue demasiado lejos” al redactar la ley, en la que se permite el arresto y deportación de migrantes en la frontera.
Esta ley ha generado tensiones internacionales y es vista como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos por el gobierno de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su firme rechazo a cualquier medida que permita a las autoridades estatales del vecino país ejercer labores de control migratorio. La cancillería aseguró que defenderá a los mexicanos en los 11 consulados que tiene en Texas.
Durante la audiencia, el gobierno de Texas admitió que los migrantes sujetos a una orden de detención emitida por un tribunal estatal, serán entregados a las autoridades federales para su deportación; sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos han calificado esta ley como inconstitucional y han presentado demandas judiciales contra Texas.
El gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a esta ley antiinmigrante y continuará defendiendo los derechos de sus ciudadanos en el estado vecino. Aunque se ve como un avance la pausa de la ley, México seguirá atento al desarrollo del caso y tomará medidas para proteger a sus ciudadanos ante cualquier medida que atente contra sus derechos.
