En una sesión marcada por el desacuerdo y la tensión política, los legisladores de oposición tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados la tarde de ayer para manifestar su rechazo a la aprobación de las leyes secundarias relacionadas con la reforma judicial. La sesión concluyó con la modificación de la normativa para la elección de jueces y magistrados, un tema clave que ahora ha sido enviado al Ejecutivo para su promulgación.
El ambiente en la Cámara de Diputados era de alta tensión desde el inicio de la sesión. Los legisladores de oposición, pertenecientes a las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, habían anticipado su inconformidad con las leyes secundarias que regularán la elección de los juzgadores, y manifestaron sus críticas de manera contundente. En un acto simbólico, llevaron una corona de flores al pleno, que fue colocada en señal de luto por lo que consideran “la muerte del Poder Judicial”.
El momento más álgido de la sesión ocurrió cuando, con 336 votos a favor y 123 en contra, los diputados aprobaron la modificación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a pesar de las críticas por las omisiones y repeticiones en su redacción. Esta reforma, que ahora ha sido enviada al Ejecutivo, permitirá que el Senado de la República emita la convocatoria para la elección de 881 jueces y magistrados en todo el país.
Principales críticas de la oposición
Los legisladores de oposición no escatimaron en señalar los errores y vacíos legales presentes en la reforma. Uno de los puntos más controvertidos fue la falta de criterios claros para la selección de los Comités de Evaluación, organismos clave que serán los encargados de proponer los candidatos para los puestos judiciales. El diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, enfatizó que “es inadmisible que una reforma de esta magnitud no contemple los mecanismos de evaluación necesarios para garantizar un proceso transparente y justo”.
Por su parte, Rubén Moreira, del PRI, subrayó que la falta de paridad de género en la normativa es un retroceso en los avances constitucionales. “No hay garantías para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los puestos judiciales”, afirmó Moreira durante su intervención. A esto se sumaron las críticas sobre la repetición de los artículos 533 y 534 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales describen de manera idéntica los procedimientos a seguir por el Instituto Nacional Electoral (INE), una omisión que, según los opositores, refleja la premura con la que fue aprobada la reforma.
Ricardo Monreal y Morena
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció durante el debate que la redacción de la ley contenía errores que debían corregirse, pero a pesar de su admisión, los legisladores de Morena y sus aliados decidieron no realizar modificaciones y avanzar con la aprobación. Monreal argumentó que el plazo para aprobar la reforma estaba por vencer, y que cualquier retraso en la promulgación pondría en riesgo la emisión de la convocatoria por parte del Senado.
“Sabemos que hay aspectos que deben perfeccionarse, pero nuestra prioridad es cumplir con los tiempos legislativos y dar certeza jurídica al proceso de elección judicial”, declaró Monreal. No obstante, sus palabras no lograron apaciguar el descontento de la oposición.
Reforma judicial bajo controversia
El segundo dictamen aprobado, con 334 votos a favor y 130 en contra, se refirió al sistema de medios de impugnación, un tema que también generó fuertes divisiones entre las bancadas. Los diputados opositores señalaron que la reforma disminuye los derechos de los grupos vulnerables para impugnar decisiones judiciales. Uno de los aspectos más criticados fue la eliminación del derecho a la suplencia de la queja, un mecanismo que permitía a los ciudadanos con menos conocimientos técnicos recibir asistencia legal para presentar quejas por la violación de sus derechos políticos.
La diputada Adriana Dávila, del PAN, acusó al oficialismo de “imponer una reforma que favorece el control absoluto del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, y advirtió que las modificaciones al sistema de medios de impugnación representan “un ataque directo a los derechos de los grupos más desprotegidos”.
Repercusiones a nivel nacional
La aprobación de esta reforma tiene implicaciones profundas en el proceso de elección de jueces y magistrados. El Senado de la República emitirá la convocatoria para la elección de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Según el dictamen aprobado, la elección de los magistrados y jueces se llevará a cabo a nivel nacional, permitiendo que todos los ciudadanos con derecho a voto puedan participar en la designación de los cargos judiciales. Sin embargo, este proceso ha sido duramente cuestionado por los opositores, quienes consideran que no existen las garantías suficientes para asegurar la imparcialidad y transparencia en el proceso.
A pesar de las críticas y el rechazo de la oposición, la reforma judicial ha sido aprobada y enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se espera que, en los próximos días, el Senado convoque formalmente a la elección de los jueces y magistrados, un proceso que será clave para el futuro del Poder Judicial en México.
La oposición, por su parte, ha prometido continuar su lucha en contra de lo que consideran una “reforma incompleta y mal planteada”. Legisladores como Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, han anunciado que llevarán el tema ante las instancias correspondientes para frenar lo que describen como un “atentado contra la justicia en México”.
