El Senado de la República llevó a cabo el controvertido proceso de insaculación el pasado 12 de octubre de 2024, como parte de la Reforma al Poder Judicial que busca modificar la estructura de la judicatura en México. Este proceso, que consistió en una tómbola para determinar las 850 plazas de jueces y magistrados que se someterán a votación en junio de 2025, ha generado una ola de críticas por parte de los juzgadores y la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (JUFED).
El ambiente fuera del Senado de la República fue tenso, con manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial exigiendo respeto por la carrera judicial y la estabilidad laboral. Mientras tanto, dentro del recinto, se desarrollaba un procedimiento inédito en la historia del país: una tómbola para decidir las plazas que se pondrán a elección en 2025, afectando directamente a jueces y magistrados de todo el país. Los jueces y magistrados afectados han expresado su indignación ante lo que consideran un ataque a su estabilidad profesional y familiar.
La JUFED fue clara en su rechazo. En un comunicado emitido al día siguiente, la organización calificó la tómbola como un acto “humillante” y sin sustento legal. “Se jugó al azar con la vida profesional no solo de las personas juzgadoras, sino también de los trabajadores de confianza y de sus familias”, destacó el documento. Este sorteo ha afectado a 464 magistrados y 386 jueces, quienes verán sus plazas sometidas a votación en las elecciones de junio del próximo año.
Juana Fuentes Velázquez, directora general de la JUFED, fue una de las voces más críticas durante el proceso. “Este acto vulnera los derechos de los juzgadores y no tiene ningún respaldo legal. Es una violación flagrante del Estado de derecho y un rompimiento del orden constitucional”, subrayó en una rueda de prensa posterior a la tómbola. Además, advirtió que las acciones del Senado incumplen las suspensiones otorgadas por la justicia federal, lo que generará una batalla legal en los próximos meses.
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña, uno de los principales defensores del proceso, celebró la tómbola como un evento “histórico” que permitirá una renovación democrática del Poder Judicial. “Esta reforma es necesaria para acabar con los vicios y la corrupción dentro de la judicatura. Los ciudadanos podrán elegir a los mejores juzgadores en las urnas”, afirmó Noroña durante la sesión del Senado.
Sin embargo, para muchos jueces y magistrados, este proceso no es más que una maniobra política que socava la independencia del Poder Judicial. Constancio Carrasco Daza, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue uno de los afectados por la insaculación. “Se está utilizando un mecanismo aleatorio para decisiones que deberían basarse en el mérito y la experiencia. Este no es el camino para fortalecer la justicia en México”, afirmó Carrasco en una entrevista.
Juzgadores afectados
Entre los nombres de los afectados por esta reforma se encuentran figuras que han sido polémicas en la judicatura mexicana. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, es uno de los jueces cuyo cargo será sometido a elección. Delgadillo Padierna saltó a la fama por haber ordenado la prisión preventiva de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, basado en una licencia de conducir falsificada.
Otro nombre destacado es el del juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien se convirtió en blanco del gobierno por conceder suspensiones a la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La jueza Abigail Ocampo Álvarez, señalada por haber concedido un amparo a Antonio Oseguera, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, también está en la lista de los afectados.
Críticas al Proceso
El proceso de insaculación no solo ha sido criticado por la JUFED y los juzgadores afectados, sino también por especialistas en derecho y académicos. Muchos consideran que este sorteo es una forma de injerencia política en el Poder Judicial y que socava la autonomía de los jueces y magistrados. “Este tipo de medidas debilitan el sistema de justicia y generan incertidumbre tanto para los juzgadores como para los ciudadanos que dependen de ellos para garantizar el acceso a la justicia”, comentó el jurista Enrique Carpizo.
Además, la insaculación ha sido vista como un paso más en la consolidación del poder del Poder Legislativo sobre el Judicial, un hecho que preocupa a organizaciones internacionales. “Es fundamental que se respeten las reglas del acceso a la jurisdicción y que los jueces y magistrados puedan ejercer su función sin interferencias políticas”, advirtió Human Rights Watch en un comunicado.
