La desaparición no siempre viene motivada por una razón de Estado: Claudio Lomnitz

A partir de la certeza de que la desaparición forzada, en el caso de México, involucra generalmente una combinación de actores estatales y no estatales, y que sus causas y motivaciones responden, sólo a veces, a una razón de Estado de algún autócrata o cúpula gobernante, el antropólogo social Claudio Lomnitz, miembro de El Colegio Nacional, ofreció la conferencia “Desaparición forzada, Estado y sociedad”, con la cual se inauguró el ciclo Pensar la desaparición.

En el Aula Mayor de la institución, el colegiado planteó una fórmula muy diferente para señalar a los responsables de las desapariciones, por lo general con la idea de “fue el Estado”, pero en “estas conferencias propongo otra que es, sin duda, menos pegajosa y más complicada, pero creo que más precisa: ‘la formación social’”.

“Sé que no va a pegar como la fórmula ‘fue el Estado’, pero ‘fue la formación social’, es lo que podría servir para analizar el fenómeno y entender lo que está pasando”.

El también historiador recordó que el filósofo estructural-marxista Louis Althusser entendía el concepto de formación social como una amalgama de relaciones económicas, políticas e ideológicas, cuya naturaleza última recaía en un modo de producción, por ejemplo, en el capitalismo: “la idea general me parece útil, porque apunta la forma en que Estado, economía, ideología y aquel conjunto de instituciones que llamamos sociedad están acomodadas e integradas en un contexto histórico específico”.

De esta manera, señaló Lomnitz, la “desaparición no siempre viene motivada por una razón de Estado, sino que las diversas causas de la desaparición se explican por la relación entre Estado y economía, y entre diversos gobernantes y una serie de instituciones sociales”, por lo cual el fenómeno de la desaparición en México no puede ser entendido buscando un sólo un responsable imaginario, es decir, “un Estado autocrático, comandado por la figura del ‘padre todopoderoso’”.

Pero, al mismo tiempo, Lomnitz matizó al señalar que, en el caso del fenómeno masivo de la desaparición en México, el responsable sí es el Estado, pero juegan también un papel primordial la economía, las instituciones sociales y aún la ideología imperante.

En ese sentido, lo que definió como una “manera perturbadora”, pero útil de acercarse a la forma en que se mezcla Estado, economía y sociedad en el tema de la desaparición, es constatar lo difícil que resulta discernir si un acto criminal ha sido realizado por agentes del Estado o por agentes del crimen organizado, como se ha visto en múltiples ejemplos a lo largo de la historia.

Para ello, Claudio Lomnitz rememoró algunos hechos de los años inmediatamente anteriores al arranque de la guerra contra el narco de la época Vicente Fox, en los primeros meses de Calderonato, cuando las desapariciones eran mucho menos numerosas, pero se empezaban a consolidar las condiciones para su posterior masificación.

Algunos de los ejemplos presentados por el colegiado durante su cátedra provienen del libro Narcotráfico. El gran desafío de Calderón (2007), de Alejandro Gutiérrez, donde se cuenta un caso ocurrido en Ciudad Juárez entre agosto del 2003 y enero de 2004, cuando una célula del cártel de Ciudad Juárez organizó y ejecutó lo que llamaban “carnes asadas”, un símil para hablar de 12 personas secuestradas que fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una casa; los hechos fueron transmitidos a una agencia policial de Estados Unidos, “porque contaba con un informante conocido como Lalo, infiltrado en esa célula”.

“Según las declaraciones de Lalo, las torturas y asesinatos de esos doce individuos fueron realizadas por ‘un comando de policía-sicarios, encabezados por el comandante de la policía judicial de Chihuahua, Miguel Ángel Loya, un hombre ligado al procurador de Justicia, Jesús José Solís Silva, y Vicente González, coordinador operativo de esa policía’; sin embargo, el jefe de la célula era Heriberto Santillán, un mando civil del cartel.

En un ejemplo así, por desgracia, dista mucho de ser un caso único. Cabe preguntar si las doce personas desaparecidas pueden, o no, ser consideradas casos de desaparición forzada. Aparentemente, la respuesta tendría que ser simplemente que sí lo es, porque hubo una participación de policías judiciales, y los crímenes se desarrollaron en un clima general de indolencia o, quizá, incluso de colusión por parte del gobierno Federal”.

El antropólogo señaló que más allá de que si las declaraciones del testigo protegido llegaron a ser ciertas o no, “sí estamos ante un caso claro de desaparición forzada”; aunque todo eso haya sido así, los crímenes mismos no estaban motivados por una razón de Estado, sino por los intereses económicos del cártel, que no respondían a intereses políticos de algún presidente municipal, gobernador o presidencia de una manera simple, sino más bien a la competencia económica entre una serie de actores sociales que estaban involucrados en los hechos.

Otro ejemplo que contó el testigo protegido fue el asesinato de un abogado duranguense que quería la ayuda de la célula para pasar un cargamento de marihuana a Nueva York. Para robarle su carga, lo atacaron dos agentes judiciales de ese grupo: “a la pregunta de si, en este caso, el responsable de la desaparición fue o no el Estado, la respuesta es: sí y no, ya que la desaparición la ejecutan dos policías estatales, en un contexto que posiblemente haya sido tolerado por el gobierno Federal, pero la desaparición fue motivada, orquestada y ordenada por miembros del cártel de Juárez que querían robar un cargamento de droga y mantener su monopolio en el tráfico, sin que quedara trazo del asesinato del abogado, ni de las razones que lo provocaron.

“¿Fue el Estado entonces? Sí, pero no solo, no exactamente; fue, más bien, producto de una mezcla de condiciones de mercado. En este caso, el mercado de la marihuana, entramado institucional de la sociedad y Estado. Fue, en otras palabras, la formación social, porque la desaparición en México no responde a una contraposición simple entre un estado malo y un pueblo bueno. Tampoco, como quiso el gobierno de Felipe Calderón, un conflicto entre el elemento criminal y, por otro lado, la sociedad y el Estado”.

La definición jurídica de la desaparición forzada, según la ONU, es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas, o grupos de personas, que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida sustrayéndola de la protección de la ley”.

La definición jurídica de la ONU no es idéntica a la definición jurídica de la Ley General en México, hay diferencias, sin embargo, en esa descripción. “Ya se nota que hay cierta tensión entre el tipo de participación del Estado, si puede ser directamente alguien que es privada de la libertad por agentes del Estado, pero también puede haber casos en que sean particulares que hacen una desaparición con la aquiescencia del Estado; es decir, que un Estado pasivo, que no meta las manos, puede generar casos de desaparición forzada, aun cuando el Estado mismo o los agentes del Estado no hayan realizado directamente la desaparición”.

La definición puede comprender actos perpetrados directamente por agentes del Estado o por particulares, siempre y cuando haya aquiescencia del Estado, destacó Claudio Lomnitz, aun cuando existen muchas desapariciones que se dan sin dicha aquiescencia, “pero en México estamos ante un fenómeno de gran escala, lo que en sí mismo implica cierto grado de aquiescencia del Estado, si no es que de franca autorización”.

“Hay muchas desapariciones que no están hechas ni por el Estado ni por el crimen organizado, si pensamos, por ejemplo, en un feminicidio realizado por un marido contra su esposa y que, para que no se sepa que la ha asesinado se deshace del cuerpo, lo entierra el patio de su casa, es una desaparición y no es una desaparición realizada ni por el crimen organizado ni por un agente del Estado”.

Aun cuando se trata de un fenómeno masivo, el último dato conocido por el antropólogo del registro de personas desaparecidas era como 124 mil desaparecidos, “ese número me parece que es, por lo menos, un punto de referencia del tipo de escala del que estamos hablando”, de ahí esta primera pregunta que se planteó en su conferencia: “si cuando enfrentamos la desaparición forzada de México podemos afirmar que ‘fue el Estado’; es decir, si las desapariciones son el resultado ante todo de una razón política”.

La conferencia “Desaparición forzada, Estado y sociedad”, con la que Claudio Lomnitz inició el ciclo Pensar la desaparición, se encuentra disponible en el Canal de YouTube de la institución: elcolegionacionalmx.