En una decisión que sigue tensando el ambiente político y judicial en México, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció que continuará con la suspensión parcial de labores en todo el país. Esto, a pesar de las recientes amenazas del gobierno federal de aplicar descuentos salariales a los trabajadores del Poder Judicial que se mantengan en paro, en protesta contra la Reforma Judicial.
La reforma judicial, aprobada en septiembre, ha sido objeto de fuerte controversia, con múltiples amparos y suspensiones judiciales que han puesto en pausa su implementación, entre las disposiciones más discutidas de esta reforma se encuentra la elección directa de jueces y ministros, algo que la comunidad judicial considera una amenaza a la independencia del Poder Judicial. En respuesta, un número significativo de juzgadores ha mantenido un paro parcial desde hace varias semanas, atendiendo solo casos urgentes.
El Jufed, que aglutina a los jueces y magistrados federales del país, informó este 18 de octubre, que tras una consulta interna, 809 juzgadores votaron a favor de continuar con la suspensión parcial de actividades; en contraste, 497 jueces votaron por reanudar las labores a partir del lunes 21 de octubre. Esta decisión refuerza la unidad de los juzgadores con el movimiento del personal jurisdiccional, en rechazo a la reforma aprobada por el Senado.
Sheinbaum responde con firmeza
Al darse a conocer el acuerdo mayoritario de los juzgadores, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura firme frente a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial. Sheinbaum destacó que los trabajadores tienen derecho a manifestarse, pero subrayó que no existe justificación para hacerlo si el motivo está relacionado con una supuesta afectación a sus prestaciones laborales. Según la presidenta, la reforma no afecta sus salarios ni beneficios como el seguro de gastos médicos mayores, aunque añadió que personalmente no está de acuerdo con ese tipo de privilegios.
Sheinbaum fue clara en su llamado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se apliquen los descuentos salariales a aquellos trabajadores que no hayan regresado a sus labores, tal como se había ordenado previamente. “Si siguen en paro, a pesar de que el Consejo de la Judicatura ya dijo que tienen que regresar a trabajar, entonces que el CJF les aplique los descuentos que se tienen que aplicar”, expresó.
Argumento de jueces y magistrados
Por su parte, los jueces y magistrados en paro han argumentado que su protesta no se trata de la defensa de beneficios económicos, sino de la independencia judicial. En un comunicado emitido por la Jufed, se reitera que la reforma no solo afecta las condiciones laborales de los trabajadores, sino que atenta contra el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho en el país.
“La reforma judicial aprobada es regresiva e inconvencional, y su implementación amenaza con romper la independencia del Poder Judicial”, indicó el Jufed en su comunicado oficial. Además, la asociación criticó duramente al Senado de la República, calificando la forma en que fue aprobada la reforma como un “espectáculo infamante”, en referencia a la tómbola realizada para asignar a algunos de los juzgadores.
El comunicado finaliza con un llamado a las autoridades involucradas para reconsiderar sus acciones y respetar las decisiones judiciales emitidas en relación con los múltiples amparos interpuestos contra la reforma.
Postura del Senado y el Consejo de la Judicatura
Desde el Senado, las críticas hacia los juzgadores en paro también han sido contundentes. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, respaldó las declaraciones de Sheinbaum e instó al CJF a tomar medidas firmes para poner fin al paro laboral, argumentando que la justicia no puede detenerse.
Fernández Noroña defendió la aprobación de la reforma y afirmó que se realizó en cumplimiento con los procedimientos legislativos establecidos. “Es un cambio necesario para democratizar el Poder Judicial y garantizar que el pueblo tenga voz en la elección de jueces y ministros”, declaró el senador.
El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de regular la conducta y el desempeño de los jueces y magistrados, ha intentado mediar en la situación. No obstante, su posición ha sido ambigua respecto a las amenazas de aplicar descuentos salariales, lo que ha generado tensiones dentro de la institución. Aunque el CJF ha pedido a los trabajadores judiciales que retomen sus labores, ha mostrado cautela al no ejecutar de inmediato las sanciones salariales sugeridas por el Ejecutivo.
Reforma judicial rodeada de amparos
Hasta el momento, la Reforma Judicial ha sido objeto de múltiples juicios de amparo en tribunales federales, lo que ha paralizado parcialmente su implementación. Según datos recientes, más de 70 amparos han sido interpuestos en diferentes estados del país, con varios jueces concediendo suspensiones provisionales que detienen el proceso de implementación.
Una de las suspensiones más notables fue emitida por una jueza federal el 17 de octubre, ordenando la retirada del decreto de la reforma del Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta orden fue recibida con duras críticas por parte del gobierno federal, que ha señalado que no cumplirá con dicha instrucción, argumentando que se trata de una intromisión indebida en el proceso legislativo.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum fue enfática al señalar que no acatará la suspensión, afirmando que “la reforma es legal y legítima”. Este rechazo a las decisiones judiciales ha sido interpretado por los magistrados en paro como una afrenta directa a la independencia del Poder Judicial.
