En una conferencia de prensa, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) lanzó una fuerte acusación contra la reciente Reforma Judicial, calificándola como un “Golpe de Estado técnico” que pone en grave peligro la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes en México.
Los jueces y magistrados advirtieron que la reforma no solo afecta la imparcialidad del sistema judicial, sino que también vulnera los compromisos internacionales del país, poniendo en riesgo acuerdos clave como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Reclamo de JUFED: Golpe al estado constitucional de derecho
Iliana Fabricia Contreras, magistrada de la JUFED, fue una de las voces más críticas en la conferencia. Denunció que la reforma judicial aprobada recientemente amenaza con la desaparición del Poder Judicial tal como lo conocemos, al permitir la intervención de otros poderes en su funcionamiento.
“Estamos ante la intervención de dos Poderes del Estado para la desaparición del Poder Judicial de la Federación”, afirmó Contreras. Según la magistrada, esto rompe con el Estado Constitucional de Derecho y pone a México en el camino hacia una dictadura. “Hoy podemos estar yendo hacia una dictadura: un Golpe de Estado con la desaparición del Poder Judicial”, agregó.
Contreras también destacó que la reforma afectará negativamente a la economía del país, dado que vulnera tratados internacionales en los que México se ha comprometido a garantizar un sistema judicial independiente y justo. “Esto no solo es un golpe al Poder Judicial, también afecta la confianza de los inversionistas extranjeros, quienes dependen de la estabilidad y imparcialidad de nuestro sistema judicial”, enfatizó.
Críticas al proceso de elección de jueces
Uno de los puntos más controvertidos de la Reforma Judicial es la elección popular de jueces, magistrados y ministros, lo que según los miembros de la JUFED abre la puerta a la politización de los procesos judiciales y a la intervención de actores criminales. El magistrado Patiño Chávez fue enfático al calificar este proceso como una “simulación” que no garantiza la elección de personas con la debida formación y experiencia.
Chávez, quien también expresó su decisión personal de no participar en la convocatoria de elección, argumentó que esta reforma socava la capacidad del Poder Judicial para proteger los derechos de los ciudadanos. “Si así trata el Estado a funcionarios especializados, ¿cuál será el escenario cuando nosotros ya no estemos en defensa de los derechos?”, se preguntó el magistrado. “La defensa de los derechos va a ser algo inexistente en cualquiera de sus variantes y eso es lo que estamos apelando”, añadió, dejando en claro que la JUFED seguirá impugnando esta reforma en todas las instancias posibles.
Llamado a la comunidad internacional
Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, también tomó la palabra para hacer un llamado urgente a la comunidad internacional y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su intervención, Fuentes Velázquez calificó la reforma como un “golpe de Estado franco y abierto” y solicitó a la SCJN que asuma su responsabilidad histórica en la defensa de la independencia judicial.
“Hacemos un llamado urgente a la SCJN para que defienda con responsabilidad la independencia del Poder Judicial. También instamos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los gobiernos democráticos de todo el mundo a condenar este retroceso democrático, que coloca a México en el lado de las autocracias”, expresó Fuentes Velázquez. La magistrada insistió en que el silencio de la comunidad internacional sería cómplice de este ataque a la democracia.
Impacto económico: Riesgos para el T-MEC
Uno de los puntos más preocupantes que abordó Fuentes Velázquez fue el impacto que la Reforma Judicial podría tener sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según la directora de la JUFED, dicho tratado exige que los países miembros mantengan un sistema judicial imparcial e independiente para resolver disputas comerciales. Sin embargo, la reforma pone en riesgo este requisito, debilitando el marco legal que protege los derechos de los inversionistas.
“Este tratado es fundamental para el desarrollo económico de México, y la reforma judicial pone en riesgo los compromisos que hemos adquirido con nuestros socios comerciales. La falta de imparcialidad judicial puede hacer que México sea visto como un país con menor seguridad jurídica, afectando gravemente nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá”, afirmó la magistrada.
Fuentes Velázquez también señaló que la reforma debilita áreas especializadas de la justicia mexicana, como las relacionadas con telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente. Estas son áreas clave para la competitividad y el cumplimiento de las obligaciones comerciales de México bajo el T-MEC.
Elección popular: Un riesgo para la seguridad
Otro de los temas críticos abordados en la conferencia fue el riesgo que representa la elección popular de jueces y magistrados, que está contemplada en la reforma. Fuentes Velázquez advirtió que este tipo de elecciones, lejos de fortalecer la democracia, podrían ser aprovechadas por grupos del crimen organizado para influir en la designación de jueces.
“El debate sobre la elección directa de jueces no toma en cuenta el contexto actual de México, donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia en diversas regiones del país. La elección popular de jueces puede abrir la puerta a que estos grupos intervengan en los procesos judiciales, lo que pondría en grave peligro la imparcialidad de la justicia”, alertó.
La magistrada concluyó haciendo un llamado a la sociedad mexicana para que no permanezca indiferente ante lo que calificó como un ataque a la democracia y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Con la reforma ya en vigor, la JUFED continuará presentando impugnaciones y acciones legales para tratar de revertir los efectos de este cambio, mientras que la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. El futuro del Poder Judicial en México pende de un hilo, y las implicaciones de esta reforma podrían tener repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, afectando no solo el Estado de derecho, sino también la confianza de los inversionistas y las relaciones comerciales del país.
La denuncia de la JUFED resuena como una alerta sobre los peligros que enfrenta la justicia en México, y el debate sobre la independencia judicial seguramente seguirá ocupando un lugar central en la agenda política del país en los próximos meses.
