En un giro judicial que ha causado un gran impacto en la sociedad oaxaqueña y en todo México, la jueza María Antonia Esteva Domínguez, sustituta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, decidió revocar el fallo que había emitido el juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien absolvió al ex diputado local Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del intento de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
La decisión de la jueza Esteva Domínguez fue informada mediante el oficio PJEO/CJO/TAT/8650/2024, dirigido al director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet. Este documento anulaba la boleta de libertad otorgada a Vera Carrizal, así como a Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez, quienes estaban imputados por su presunta participación en el ataque con ácido sulfúrico contra María Elena en 2019. La jueza ordenó que los tres continuaran en prisión preventiva, subrayando la necesidad de mantener las medidas cautelares para garantizar la justicia en este caso.
La intervención de la jueza: Una respuesta a la indignación social
La decisión de revocar el fallo no se dio en un vacío. Horas antes, el juez Ramírez Montaño había anunciado la absolución de los imputados y ordenado su liberación inmediata, una resolución que rápidamente provocó una ola de indignación en redes sociales y en diversas esferas sociales y políticas. María Elena Ríos, en un emotivo mensaje en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), compartió su frustración y denunció la corrupción detrás del fallo: “Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia”.
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, también se pronunció en contra de la absolución, calificándola como “una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial”. En sus redes sociales, Jara condenó enérgicamente el fallo, tachando al juez de “criminal y cómplice del victimario”, y llamó a una reforma urgente del Poder Judicial para evitar que la impunidad prevalezca en Oaxaca.
La Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia tomarán acciones inmediatas y medidas disciplinarias
Ante la indignación social y las claras irregularidades en el proceso judicial, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) actuó rápidamente presentando una impugnación que resultó en la suspensión del juez Ramírez Montaño. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) confirmaron que el juez estaba bajo investigación por presuntos actos de corrupción, y se dio vista a la visitaduría general del tribunal para que iniciara una investigación formal. La presidenta del TSJEO, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, declaró que estaba en desacuerdo con la resolución original, enfatizando que se investigaría a fondo y que “se castigará con todo el peso de la ley, caiga quien caiga”.
Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la FGEO, calificó de “absurda” la decisión inicial del juez Ramírez Montaño, y la consideró una “flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima”, dejando un precedente de impunidad que cuestiona el actuar del Poder Judicial. Rodríguez Alamilla subrayó que la falta de perspectiva de género en el juicio era evidente, ya que se desestimaron pruebas clave, lo que llevó a la FGEO a presentar un recurso de apelación para buscar todas las vías legales que garanticen a la víctima acceso pleno a la justicia.
El caso de María Elena Ríos ha sido emblemático en la lucha contra la violencia de género en México, y la reciente resolución judicial no pasó desapercibida para las organizaciones de la sociedad civil. La Fundación Carmen Sánchez, que acompaña a víctimas de violencia con sustancias químicas, criticó duramente la resolución inicial, señalando que “las violencias extremas contra las mujeres pueden quedar en la impunidad” si no se abordan con la debida perspectiva de género.
Ximena Canseco, vicepresidenta de la fundación, enfatizó que la falta de medidas de protección y la minimización del daño emocional y físico que sufren las víctimas son una constante en los casos de violencia de género. Canseco denunció que en este caso, como en muchos otros, no se integran los expedientes con la debida atención a los estándares en materia de derechos humanos, lo que pone en riesgo no solo la integridad física sino la propia vida de las mujeres afectadas.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) también expresó su preocupación por la celeridad con la que el juez Ramírez Montaño decidió retirar la medida de prisión preventiva a los acusados, y criticó que tal decisión se haya tomado en una videoconferencia en lugar de una audiencia presencial. María de la Luz Estrada, directora del OCNF, advirtió que tal resolución no solo habría dejado a María Elena Ríos en un estado de indefensión, sino que también habría sentado un precedente peligroso para todas las mujeres en México.
Fue el 9 de septiembre de 2019, cuando María Elena Ríos Ortiz fue brutalmente atacada con ácido sulfúrico en su hogar en Huajuapan de León, Oaxaca. Los agresores, identificados como Ponciano y Ruvicel Hernández, padre e hijo, fueron detenidos meses después y vinculados a proceso; sin embargo, Ponciano falleció mientras se encontraba en prisión preventiva. Según las investigaciones, Juan Antonio Vera Carrizal, quien había mantenido una relación sentimental con María Elena, junto con su hijo Juan Antonio Vera Hernández, habrían ordenado el ataque, que fue planeado por Rubén Loaiza y ejecutado por Ruvicel a cambio de un pago de 30 mil pesos.
La presión mediática y social llevó a la detención de Vera Carrizal en abril de 2020, quien se entregó voluntariamente a las autoridades, pero su hijo Vera Hernández sigue prófugo. Este caso ha sido un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México, evidenciando las fallas y desafíos en el sistema judicial para proteger a las mujeres y garantizar que los agresores enfrenten la justicia.
