En un nuevo giro que complica aún más el panorama legislativo en México, la jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, ha otorgado una segunda suspensión que frena indefinidamente la discusión de la controvertida reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Esta decisión, que impide que el proyecto de reforma sea discutido y votado, ha provocado una ola de reacciones tanto en el ámbito político como en la sociedad.
La jueza Magaña López concedió una suspensión de plano que tiene como objetivo detener cualquier avance en la discusión de la reforma judicial propuesta por Morena y sus aliados. En su resolución, la jueza estableció que “el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución federal” no podrá ser discutido ni votado por la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados. Esta medida tiene como fundamento la protección de los derechos de los quejosos, quienes argumentaron que la reforma podría resultar en su destitución sin derecho a audiencia ni indemnización.
La jueza Magaña justificó su decisión señalando que permitir que el proyecto de reforma avance en el Congreso podría generar una afectación irreversible para los quejosos. “Es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, la legalidad de las modificaciones propuestas al no haberse materializado”, indicó en su resolución.
Reacciones Políticas: Un Congreso Dividido
La respuesta a esta segunda suspensión no se hizo esperar en el Congreso. Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, calificó la decisión judicial como “inadmisible e improcedente”. En una conferencia de prensa, Monreal argumentó que esta suspensión es una intromisión del Poder Judicial en las facultades del Poder Legislativo, lo cual, según él, viola la Constitución. “Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ello”, declaró Monreal.
Monreal también señaló que seguir las instrucciones de los jueces significaría subordinar la voluntad del pueblo, representada por el Congreso, a una “injerencia indebida y grosera” que carece de sustento constitucional. “A los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo, que fue quien nos designó en las urnas para reformar y adicionar al texto constitucional”, afirmó el legislador.
Por otro lado, los partidos de oposición, como el PAN y el PRI, han apoyado la decisión de la jueza Magaña, argumentando que la reforma propuesta pone en peligro la independencia del Poder Judicial y podría conducir a una politización del sistema de justicia. Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, expresó que “la suspensión es una medida necesaria para proteger la Constitución y evitar que el Poder Judicial se convierta en un instrumento político”.
La Reforma Judicial: Un Proyecto Controvertido
La reforma al Poder Judicial impulsada por Morena ha sido objeto de un intenso debate desde su presentación. Entre los puntos más polémicos de la reforma se encuentra la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular, una medida que, según sus defensores, aumentará la legitimidad y cercanía del sistema judicial con la ciudadanía. Sin embargo, sus detractores advierten que esta medida podría comprometer la independencia de los jueces y someter el sistema de justicia a intereses políticos.
Además, la reforma contempla la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, lo que, según Morena, hará más eficiente el funcionamiento del máximo tribunal del país. No obstante, la oposición ha expresado su preocupación de que esta reducción concentre demasiado poder en un grupo más reducido de ministros, lo que podría afectar la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Implicaciones de la Suspensión
La suspensión emitida por la jueza Magaña no solo detiene la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados, sino que también afecta el calendario legislativo de Morena y sus aliados, quienes habían planeado llevar la reforma al pleno para su aprobación en septiembre. Con la suspensión en vigor, el proyecto de reforma queda congelado hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo que podría retrasar significativamente su aprobación.
Esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de la reforma judicial, que es vista por Morena como un pilar fundamental de su proyecto de transformación del país. “Esta reforma es esencial para construir un sistema judicial que responda a las necesidades del pueblo”, reiteró Monreal, asegurando que su partido no se dará por vencido en su intento de aprobar la reforma.
Por su parte, los sectores que se oponen a la reforma ven en esta suspensión una oportunidad para replantear el proyecto y abrir un diálogo más amplio y profundo sobre los cambios necesarios en el sistema judicial. “No nos oponemos a la reforma por capricho, sino porque creemos que se necesita un debate más amplio y una mayor participación de todos los sectores involucrados”, insistió Moreira.
El Debate sobre la Independencia de los Poderes
La decisión de la jueza Magaña ha reavivado el debate sobre la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial en México. Mientras que Morena considera que el juicio de amparo es una interferencia indebida en el proceso legislativo, la oposición y varios expertos en derecho constitucional argumentan que la intervención judicial es necesaria para proteger la Constitución y garantizar que las reformas no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Juan Carlos Mendoza, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, comentó que “la suspensión es un recurso legítimo dentro del marco legal, pero su uso en este contexto podría generar tensiones entre los poderes del Estado. Es fundamental que se respeten los límites de cada poder para evitar conflictos que puedan erosionar la estabilidad institucional”.
Por otro lado, Mariana González, analista política, advirtió que “si bien la suspensión podría ser vista como una medida de protección de derechos, también podría ser utilizada como una herramienta para bloquear reformas necesarias. Es crucial que el debate sobre la reforma judicial sea transparente y basado en el diálogo, más que en la confrontación”.
Con la suspensión judicial vigente, el futuro de la reforma judicial en México es incierto. Mientras Morena busca avanzar con su agenda legislativa, la oposición y el Poder Judicial parecen decididos a frenar el proyecto hasta que se garantice que no se vulnerarán los derechos constitucionales.
