En el marco de la implementación de la Reforma Judicial a nivel local, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ), Rafael Guerra Álvarez, reveló que los magistrados de la capital tendrán derecho a un haber de retiro superior a los 10 millones de pesos por persona. Este beneficio, que se otorga independientemente de su participación en la elección judicial, representa un gasto estimado en 1,647.6 millones de pesos para el erario público, casi el 80% del costo total de la elección judicial, valorada en 2,045.9 millones de pesos.
Impacto de la reforma judicial local
La reforma judicial incluye la creación de nuevos órganos, como el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial, así como un incremento en el número de jueces y magistrados necesarios para su operación. Actualmente, el TSJ cuenta con 367 jueces, pero la reforma requerirá al menos 400 togados, junto con infraestructura, nómina y tecnología adicionales para soportar las nuevas funciones.
“El haber de retiro es una obligación constitucional. Es algo que tenemos que pagar. No se trata de un beneficio opcional, sino de un derecho adquirido por los magistrados”, destacó Guerra Álvarez durante una mesa de trabajo con diputados del Congreso de la Ciudad de México.
Requerimientos presupuestales para 2025
El presidente del TSJ enfatizó que el Poder Judicial necesita más de 10 mil millones de pesos para operar adecuadamente en 2025. Además, detalló que la institución enfrenta pasivos acumulados desde 2020, que ascienden a 760 millones de pesos, principalmente en pagos pendientes a proveedores.
“Hay empresas que invirtieron con nosotros y no les hemos pagado por falta de presupuesto. Esto no solo afecta nuestras operaciones, sino también la confianza en nuestras instituciones”, explicó Guerra Álvarez.
Costos adicionales y compensaciones
El diseño de la reforma contempla medidas para mitigar algunos costos mediante la reasignación de personal. Actualmente, cada integrante del Consejo de la Judicatura cuenta con entre 35 y 50 colaboradores, quienes podrían integrarse al nuevo Órgano de Disciplina; sin embargo, el funcionario recalcó que, aunque esta compensación reducirá ciertos gastos operativos, se necesitarán inversiones significativas en mobiliario, tecnología y personal especializado para garantizar la eficacia de los nuevos órganos.
“El fortalecimiento del Poder Judicial no puede lograrse sin los recursos adecuados. Esta reforma no solo es un reto administrativo, sino también una oportunidad para consolidar la justicia en la Ciudad de México”, afirmó.
Posturas de los diputados locales
El anuncio ha generado un intenso debate en el Congreso capitalino, mientras algunos legisladores reconocen la necesidad de cumplir con las obligaciones constitucionales, otros han cuestionado la sostenibilidad del gasto, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias.
Pablo Trejo, diputado del PRD, señaló: “Si bien los haberes de retiro están contemplados en la Constitución, el monto de más de 10 millones de pesos por magistrado genera dudas sobre la equidad del sistema y el impacto en las finanzas públicas”.
Por su parte, Tania Larios, del PRI, defendió la necesidad de garantizar recursos suficientes para la implementación de la reforma: “No podemos comprometer el funcionamiento del Poder Judicial. La justicia requiere inversión, y debemos priorizar su fortalecimiento”.
Las cifras presentadas por Guerra Álvarez han despertado críticas en diversos sectores de la sociedad. Rocío Martínez, integrante de un colectivo ciudadano, expresó: “Mientras el Poder Judicial solicita estos recursos, otros sectores esenciales, como la salud y la educación, enfrentan recortes. Es fundamental transparentar y justificar cada peso gastado”.
En contraste, Sergio López, analista en políticas públicas, argumentó que el gasto es necesario para garantizar un sistema judicial robusto: “Un Poder Judicial bien financiado es clave para el Estado de derecho. Sin embargo, también es importante garantizar mecanismos de rendición de cuentas”.
Llamado a la sostenibilidad financiera
Ante los desafíos económicos que enfrenta el Poder Judicial, Guerra Álvarez propuso una implementación gradual de la elección judicial, lo que permitiría distribuir los costos en varios años y reducir la presión sobre el presupuesto anual., pero esta propuesta aún está en análisis por parte de los legisladores.
“La gradualidad nos permitiría manejar los recursos de manera más eficiente. No es viable realizar todos los cambios de una sola vez sin comprometer la calidad de los servicios”, concluyó el presidente del TSJ.
La implementación de la reforma judicial local y los haberes de retiro para jueces y magistrados representan un desafío tanto financiero como político para la Ciudad de México. Mientras el Poder Judicial busca garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el debate sobre el uso eficiente de los recursos públicos continúa en el centro de la discusión.
La necesidad de un sistema judicial fortalecido es indiscutible, pero también lo es la exigencia de transparencia y sostenibilidad en su financiamiento, un equilibrio que el Congreso y las autoridades deberán alcanzar en los próximos meses.
