En un giro que ha desatado cuestionamientos sobre la actuación de los jueces en México, la Fiscalía General de la República (FGR) se prepara para emprender acciones legales contra dos jueces federales, acusándolos de beneficiar injustificadamente a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, presunto capo del cártel del Golfo. Este caso no sólo pone en evidencia las tensiones entre la FGR y el Poder Judicial, sino que también destaca los desafíos en la impartición de justicia en casos de alto perfil.
¿Qué ocurrió con ‘El Contador’?
José Alfredo Cárdenas Martínez, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, pero su situación legal se complicó cuando el juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ordenó su liberación el pasado 20 de noviembre de 2024. Según fuentes de la FGR, esta decisión desestimó los argumentos de la fiscalía para imponer prisión preventiva oficiosa y permitió medidas cautelares más laxas, como:
- Presentación periódica en Matamoros, Tamaulipas.
- Garantía económica de 5 millones de pesos.
- Uso de un localizador electrónico.
- Prohibición de salir del país y acercarse a la embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, las medidas cautelares no se cumplieron en el plazo establecido, lo que llevó al juez Enrique Beltrán Santes, con sede en Almoloya de Juárez, a otorgar una prórroga adicional de dos meses el 26 de diciembre de 2024.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero criticó enérgicamente estas decisiones, señalando que representan un “caso paradigmático” de posibles irregularidades en la impartición de justicia; quien además, aseguró que la FGR no sólo ha impugnado las resoluciones judiciales, sino que también inició una carpeta de investigación por delitos contra la administración de justicia.
“La Fiscalía presentó elementos contundentes para el caso, pero las decisiones de los jueces parecen ir en sentido contrario a los intereses de justicia y seguridad nacional”, afirmó Gertz Manero.
Además, la FGR planea presentar una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y un recurso de revocación ante el juez Beltrán Santes. La fiscalía busca que estas acciones sirvan como un precedente para frenar futuras decisiones controversiales.
Impacto de las decisiones judiciales
Las resoluciones en este caso han generado críticas desde diversos sectores. Activistas, expertos en justicia penal y legisladores han cuestionado la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de procurar justicia y la aparente ausencia de criterios uniformes en la toma de decisiones judiciales.
Xóchitl Bravo, diputada del Congreso de la Ciudad de México, comentó: “Este tipo de casos no sólo afectan la confianza pública en el sistema judicial, sino que también debilitan los esfuerzos de las fiscalías para combatir el crimen organizado.”
Por su parte, Raúl Ruiz Martínez, experto en derecho penal, explicó: “La prisión preventiva es una medida extrema, pero en casos de alto impacto, donde hay riesgos evidentes de fuga, su aplicación puede estar justificada. Sin embargo, las decisiones judiciales deben basarse en criterios técnicos y no en presiones externas.”
Debate sobre el papel del Poder Judicial
Este caso reaviva un debate nacional sobre el rol y la independencia del Poder Judicial en México. Mientras algunos argumentan que las decisiones de los jueces reflejan una estricta aplicación del debido proceso, otros consideran que hay casos donde prevalecen intereses ajenos a la justicia.
El Consejo de la Judicatura Federal, responsable de supervisar la actuación de jueces y magistrados, enfrenta presiones para investigar y, en su caso, sancionar cualquier irregularidad en este y otros casos similares. La credibilidad de la judicatura depende de su capacidad para garantizar que las decisiones sean imparciales y apegadas a la ley.
Este no es el primer caso en que decisiones judiciales generan controversia. Durante 2023 y 2024, otros jueces fueron cuestionados por liberar a presuntos delincuentes de alto perfil debido a supuestas deficiencias en las investigaciones de las fiscalías. La tensión entre el Poder Judicial y las instituciones de seguridad ha aumentado en un momento en que la percepción de inseguridad en el país sigue siendo alta.
El caso de El Contador evidencia los desafíos estructurales del sistema judicial mexicano, donde la independencia de los jueces choca con la percepción de impunidad en casos de alto impacto. Mientras las fiscalías exigen sanciones ejemplares y una revisión de las decisiones judiciales, la judicatura defiende su autonomía y el cumplimiento del debido proceso.
