En un contexto de alta presión electoral, la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al gasto de campaña del candidato electo a la alcaldía de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, se vuelve crítica. Según David Ramírez Bernal, director de fiscalización del INE, el rebase al tope de gastos que inicialmente se estimó en 5.8% –equivalente a 222 mil pesos- podría aumentar debido a nuevas directrices del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La situación se ha complicado tras la reciente orden de la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF, que exige que un juego de video utilizado en la campaña de López Casarín sea valorado a través de una matriz de precios en lugar de basarse en el costo que el diseñador cobró por su creación. Esta nueva valoración se realiza en el contexto de una investigación de mercado que, inevitablemente, elevará los costos reportados, generando aún más dudas sobre la legalidad de su campaña.
“Estamos en una situación límite. No tenemos mucho tiempo”, declaró Ramírez Bernal. “Se suelen dar hechos de imposible reparación. Desde anoche trabajamos en el acatamiento en el recálculo de los procesos”, agregó, enfatizando la urgencia de que los organismos resuelvan este asunto antes de la toma de protesta de los nuevos alcaldes, que se llevará a cabo el 1 de octubre.
De acuerdo con las leyes electorales, si el INE y el TEPJF no resuelven la situación antes de esa fecha, López Casarín podría mantener su cargo, a pesar del rebase de gastos que lo sitúa en un escenario complicado. Además, el hecho de que la diferencia entre su triunfo y el segundo lugar, Lía Limón, esté por debajo del 5% añade una capa de complejidad al caso. Este rebase podría calificar su elección como nula, si se determinara que violó las regulaciones.
El pasado 19 de septiembre, la Sala Superior del TEPJF absolvió a López Casarín de acusaciones relacionadas con la compra indebida de tiempos de radio y televisión durante su precampaña e intercampaña, lo que había planteado preocupaciones adicionales sobre su integridad electoral.
El INE y el TEPJF tienen hasta el lunes próximo para resolver esta situación crítica. La presión aumenta, no solo por la inminente toma de protesta, sino también por la expectativa pública sobre la transparencia y justicia en el proceso electoral en México. El futuro político de López Casarín y la credibilidad de las instituciones electorales están en juego, lo que hace de esta situación un tema de seguimiento indispensable para los ciudadanos interesados en la política y la gobernanza de su ciudad.
