La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ha declarado oficialmente al exgobernador Javier Corral como prófugo de la justicia, lo que ha encendido un fuego cruzado de declaraciones y ha subrayado tensiones no solo entre Estados, sino dentro del espectro político nacional.
Luis Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ha sido el portavoz de esta decisión, argumentando que intentos previos para ejecutar una orden de aprehensión contra Corral fueron obstruidos por personal de la Fiscalía de la Ciudad de México. Según Valenzuela, esta obstrucción se manifestó durante un intento de detención que tuvo lugar en la colonia Condesa de la capital, evento que contrasta con la colaboración previamente vista en otros casos.
La respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México ha sido cautelosa. El encargado de despacho, Ulises Lara, ha sido criticado por presuntas irregularidades y una posible comisión de delitos al impedir la acción de la justicia chihuahuense. En respuesta, Lara ha expresado que la falta de colaboración fue un caso aislado, implicando diferencias procedimentales más que una negativa absoluta a cooperar.
La situación ha llegado hasta oídos del presidente López Obrador, quien en una de sus conferencias matutinas sugirió que el intento de detener a Corral podría estar influenciado por motivos políticos. Estas declaraciones han añadido una dimensión más compleja al caso, sugiriendo una posible politización de las acciones legales.
Desde otro ángulo, Pascal Beltrán del Río, en entrevista para Imagen Radio, obtuvo declaraciones de Valenzuela, quien explicó que la fiscalía volverá a intentar establecer un convenio de colaboración con la CDMX, buscando asegurar que todos los requisitos legales sean adecuadamente cumplidos en futuros procedimientos.
El escenario es aún más complicado con la amenaza de Javier Corral de interponer una denuncia contra el propio Valenzuela y la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sugiriendo represalias legales contra quienes considera responsables de una persecución injusta.
Analistas políticos y legales están divididos. Algunos ven en este caso un ejemplo claro de cómo las luchas de poder pueden entrelazarse con la administración de la justicia, complicando y, a veces, obstruyendo el curso legal. Otros, sin embargo, señalan la necesidad de mantener la autonomía de las fiscalías estatales, libre de influencias políticas, para preservar la integridad de las instituciones judiciales del país.
Este caso no solo destaca las tensiones entre Chihuahua y la Ciudad de México, sino que también resalta la importancia de la transparencia y la colaboración entre entidades estatales y federales en la gestión de la justicia. Con Javier Corral aún en la mira y la Fiscalía Anticorrupción firme en su postura, el desarrollo de este caso será un claro indicativo de la dirección que tomará el estado de derecho en México frente a las disputas políticas y legales de alto perfil.
La comunidad legal y política de México sigue de cerca este caso, que podría sentar precedentes sobre cómo se manejan los conflictos de jurisdicción y colaboración interinstitucional en un ambiente ya cargado de desafíos políticos y sociales.
