Bajo la sombra de un árbol, frente a la sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, una niña de siete años sostenía su muñeca de trapo y repetía con insistencia: “¡Se robaron mi beca, se robaron mi beca!”. Acompañada por sus padres, María esperaba el resultado de una audiencia crucial. Un juez de Distrito decidiría sobre el amparo promovido en su favor, tras una serie de abusos cometidos por la Coordinación Nacional de Becas (CNB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando la CNB rechazó la solicitud de María para el Programa de Becas Bienestar Benito Juárez de Educación Básica. El argumento oficial fue que la niña ya recibía el beneficio y estaba inscrita en el padrón, aunque la realidad era diferente. Sus padres, Mario y Shadi, nunca habían recibido el dinero y desconocían quién lo cobraba.
“Para nosotros, el dinero no es lo importante; nuestra principal preocupación siempre ha sidoproteger la identidad de mi hija, su integridad, seguridad jurídica y datos personales”, declaró Mario, hojalatero y pintor automotriz. Pese a presentar identificaciones y documentos en repetidas ocasiones, la CNB ignoró sus solicitudes o los acusó de fraude.
El abogado Juan Maldonado Vargas, especialista en derechos humanos, se unió al caso en marzo de 2024 y promovió el amparo debido a las múltiples omisiones de la CNB, que se traducían en violaciones a los derechos de audiencia y petición de la menor.
Casos como el de María no son aislados en Oaxaca. Las irregularidades y abusos en los programas de becas afectan a numerosas familias, obligándolas a buscar justicia en los tribunales. La inscripción en los padrones sin cumplir requisitos y el mal uso de bases de datos de programas de sexenios anteriores, como Prospera, revelan la profundidad del problema.
“En septiembre del año pasado, me enteré que estaba abierto el registro para las becas. Registré a mis dos hijas, y me llegó un folio de solicitud. A finales de diciembre, al revisar el estatus, descubrí que el registro de María no se había completado porque ya estaba inscrita en el programa desde enero de 2019, cuando apenas tenía dos años”, explicó Shadi.
Pese a numerosos intentos de resolver la situación, incluyendo más de diez visitas a la sede institucional y seis solicitudes de atención, Shadi no recibió respuestas satisfactorias. La CNB insistía en que otra persona era la tutora de María, negando cualquier información adicional.
En una resolución inédita, un juez federal concedió un amparo a María, ordenando a la CNB proporcionar información inmediata sobre cómo fue dada de alta y quién había cobrado la beca desde 2019. Además, se instruyó la incorporación formal de María al programa y la entrega del monto total adeudado.
“Para satisfacer el derecho de seguridad jurídica y legalidad previstos en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el acto de autoridad deberá citar fundamentos y motivos que originaron el acto de molestia; se considera que la falta de estos elementos produce estado de indefensión a la persona”, enfatizó el juez.
El proceso reveló otra víctima: Michel, de ocho años, quien compartía la misma Clave Única de Registro de Población (CURP) con María. La CNB atribuyó esta duplicidad a una transferencia de datos del programa Prospera, sin reconocer las inconsistencias en sus sistemas.
La madre de Michel, Itzel Alondra Mendoza Bautista, registrada como tutora de María desde 2019, también enfrentaba problemas. Michel, sin recibir beca alguna, vivía en condiciones de marginalidad e inseguridad en la colonia El Manantial, Pueblo Nuevo. “No sé de qué beca hablan. Si Michel recibiera algo, ya lo quisiéramos para sus urgencias médicas”, comentó Itzel Alondra.
El amparo obtenido por María sienta un precedente sobre un problema grave en el sistema de becas en México. Ahora, la familia de María busca la reparación del daño y la transparencia en el uso de los recursos destinados a los programas sociales, esperando que más víctimas denuncien y se haga justicia.
