En una decisión que impacta a nivel nacional e internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció la invalidación de la Ley de la Industria Eléctrica mediante el otorgamiento de un amparo, el cual a su consideración, cerró el panel convocado por Estados Unidos y Canadá. Según la Corte, esta acción evitó una “condena económica de grandes dimensiones y el fin del asunto en el tema energético”.
La decisión fue tomada por la Segunda Sala de la Corte, con el voto de calidad del presidente Alberto Pérez Dayán. El fallo generó reacciones encontradas, incluyendo críticas y descalificaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena. Incluso la legisladora morenista, Aleida Alavéz, presentó una solicitud de juicio político contra el ministro.
La relevancia de esta resolución trasciende las fronteras nacionales. La Segunda Sala de la SCJN declaró la inconstitucionalidad del orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, regulado en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, argumentando que transgredía los principios de competencia y libre concurrencia.
Esta declaración de inconstitucionalidad no solo otorgó el amparo a las partes que lo solicitaron, sino que también tuvo implicaciones para los demás actores del mercado eléctrico mayorista. En particular, impactó de manera decisiva en la controversia presentada por Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), respecto a la política energética adoptada por el gobierno mexicano.
El Panel de Energía, en el que ambos países presentaron consultas en julio de 2022, quedó sin materia debido a la inconstitucionalidad declarada por la SCJN. Esta circunstancia evitó para México no solo una condena económica de gran magnitud, sino también puso fin al asunto en el ámbito energético, argumenta la Suprema Corte.
Este fallo además de su impacto económico, desató tensiones políticas a nivel nacional. La solicitud de juicio político presentada contra el ministro Pérez Dayán refleja las divergencias y la polarización que ha generado esta decisión.
El debate sobre el equilibrio entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales en materia energética continúa.
