Ante la creciente crisis por desabasto de agua potable en la Ciudad de México, la diputada local Luisa Gutiérrez ha presentado una iniciativa para incluir el robo de agua como delito en el Código Penal del Distrito Federal. Esta propuesta busca enfrentar de manera más efectiva los casos de “huachicoleo de agua”, término usado para describir la extracción ilegal de agua de la infraestructura pública.
Actualmente, la ley sólo prevé sanciones administrativas para aquellos que manipulan instalaciones hidráulicas, con multas que van de los 18 mil a los 37 mil pesos, sin embargo, especialistas y funcionarios argumentan que estas medidas no son suficientes para disuadir la práctica cada vez más común del robo de agua, que no sólo representa la violación de un derecho humano esencial sino que también pone en peligro el suministro para toda la ciudad.
La iniciativa propuesta modificaría el actual delito de robo de fluidos, que ya incluye hidrocarburos y electricidad, añadiendo el agua a esta categoría y estableciendo penas que oscilan entre seis meses y diez años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso. Además, incluiría obligaciones para reparar los daños causados a la infraestructura hidráulica, una problemática que hasta ahora no se aborda adecuadamente.
El debate sobre esta propuesta ya está en marcha en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local. Según fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), aproximadamente seis de cada diez investigaciones por robo de fluidos se relacionan con el agua, lo que subraya la magnitud del problema.
En enero, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, ya había anunciado una estrategia para combatir esta forma de huachicoleo, sugiriendo incluso penas de hasta ocho años de cárcel. Estos esfuerzos reflejan una creciente concienciación sobre la necesidad de medidas más severas para proteger los recursos hídricos de la capital, que actualmente se ve amenazada por una crisis de abastecimiento que podría agravarse si no se toman acciones contundentes.
