En un paso significativo hacia el combate a la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, ha presentado una iniciativa de reforma al Código Penal. Acompañado por el secretario de Gobierno, el secretario de la Contraloría General y el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Batres busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar el llamado “cártel inmobiliario“.
La propuesta surge como respuesta a la necesidad de abordar de manera efectiva las prácticas corruptas que han afectado el desarrollo inmobiliario en la ciudad. En conferencia, el Jefe de Gobierno explicó que la iniciativa incorporará un capítulo específico destinado a combatir la corrupción inmobiliaria, apuntando directamente a funcionarios de alcaldías y al cártel inmobiliario.
Al añadir un capítulo específico al código penal, se pretende castigar de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras penas para quienes resulten culpables de estos actos, a aquellos involucrados en actos de corrupción.
Este capítulo sobre corrupción inmobiliaria, estaría dirigido a los servidores públicos que permitan construcciones no autorizadas o niveles adicionales sin cumplir con los requisitos legales. Para la determinación de las penas también se considerarán los beneficios económicos obtenidos por los propios servidores públicos o sus familiares hasta el cuarto grado.
Esta reforma no solo buscaría sancionar a aquellos involucrados en prácticas corruptas en el ámbito inmobiliario, sino también sentar las bases para prevenir futuros actos de corrupción por parte de los servidores públicos en las alcaldías con irregularidades. El cártel inmobiliario ha sido objeto de investigaciones y señalamientos, y esta reforma representa un paso adelante en la respuesta institucional a este fenómeno.
Martí Batres ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad y la erradicación de la corrupción en todos los niveles. La iniciativa de reforma al Código Penal es parte de una estrategia integral para garantizar un desarrollo inmobiliario justo y conforme a la ley en la Ciudad de México. Esta iniciativa se consolida como una prioridad en la agenda gubernamental, buscando así asegurar un ambiente propicio para el desarrollo urbano y la inversión en la ciudad.
