Este 1° de enero de 2025 marca el inicio de importantes cambios en México, tanto en el ámbito laboral como en el judicial, con el objetivo de fortalecer la economía de los trabajadores y mejorar la procuración de justicia, dos iniciativas clave entraron en vigor: el incremento al salario mínimo y la reforma constitucional que redefine la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
Aumento al salario mínimo: respiro para 8.5 millones de trabajadores
El salario mínimo general en el país incrementó un 12%, pasando de $248.93 a $278.80 diarios, en la zona libre de la frontera norte, el salario se elevó de $374.89 a $419.88. Este ajuste fue resultado de un acuerdo unánime entre el gobierno, los sectores privados y los trabajadores, encabezados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) informó que este incremento beneficiará a más de 8.5 millones de trabajadores, 61 profesiones y oficios contemplados en los salarios mínimos profesionales también experimentaron un ajuste similar.
La administración de Claudia Sheinbaum busca que estos aumentos progresivos alcancen la meta de cubrir 2.5 canastas básicas por jornada laboral antes de que concluya el sexenio. Este incremento es parte de una política que ha permitido una recuperación del 135% del poder adquisitivo del salario mínimo desde 2018, y que ha reducido la brecha salarial de género en un 29% a nivel municipal.
Prisión preventiva oficiosa: Cambios que fortalecen la justicia
En el ámbito judicial, la reforma al artículo 19 de la Constitución redefine los casos en los que se aplica la prisión preventiva oficiosa y este instrumento, que busca garantizar la seguridad pública y el desarrollo de las investigaciones judiciales, ahora será limitado a delitos específicos.
Entre los delitos incluidos destacan:
-
Abuso y violencia sexual contra menores.
-
Delincuencia organizada.
-
Homicidio doloso, feminicidio y violación.
-
Secuestro, trata de personas y corrupción.
-
Delitos relacionados con drogas sintéticas y fentanilo.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), también establece que la prisión preventiva sólo podrá ser ordenada cuando no existan medidas cautelares suficientes para garantizar la comparecencia del imputado o proteger a las víctimas y testigos.
Estas medidas reflejan un compromiso con los derechos laborales y la justicia en México, mientras el aumento al salario mínimo fortalece la economía de los trabajadores, los ajustes en la prisión preventiva buscan garantizar un sistema más justo y eficiente. Ambas acciones marcan un inicio de año con cambios significativos para el bienestar y la seguridad de la población.
