El Instituto Nacional Electoral (INE) acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar una serie de suspensiones provisionales emitidas por juzgados federales que frenan su proceso de organización de la elección de jueces, magistrados y ministros. Estas elecciones forman parte de la controvertida Reforma Judicial, que ha sido blanco de múltiples juicios de amparo. Hasta la fecha, el INE ha solicitado que el Tribunal Electoral revoque estas suspensiones para poder continuar con el proceso de elección de funcionarios judiciales.
La Reforma Judicial, impulsada por el gobierno de Morena, propone una transformación profunda en el sistema judicial mexicano al permitir la elección popular de jueces y magistrados, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores del Poder Judicial y la sociedad civil. Los críticos argumentan que esta reforma pone en riesgo la independencia judicial al politizar el proceso de selección de jueces.
Desde la aprobación de la reforma, múltiples jueces han otorgado suspensiones provisionales en respuesta a los 21 amparos presentados en diversos juzgados de distrito en todo el país. Estos amparos buscan frenar la implementación de la reforma, alegando que su aplicación podría vulnerar derechos constitucionales y afectar la independencia del Poder Judicial. Las suspensiones provisionales concedidas han obligado al INE a detener varias de sus actividades relacionadas con la organización de los comicios judiciales, programados para 2025.
Postura del INE ante las suspensiones
El INE ha decidido impugnar estas suspensiones ante el TEPJF, argumentando que los juzgados de distrito carecen de competencia para intervenir en temas de naturaleza electoral. Según el INE, la organización de elecciones es una facultad exclusiva del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y las suspensiones emitidas por los jueces representan una invasión a la jurisdicción del órgano electoral.
El expediente presentado por el INE al TEPJF contiene 810 fojas que detallan los fundamentos de su queja. En él, el instituto solicita que el Tribunal Electoral restablezca el orden constitucional y revoque las suspensiones que han impedido su trabajo. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha sido designado para preparar el anteproyecto de sentencia, y será el encargado de resolver si las suspensiones deben mantenerse o si el INE puede continuar con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación para el periodo 2024-2025.
Suspensiones provisionales en cuestión
Hasta la fecha, 10 de los 21 amparos presentados han resultado en suspensiones provisionales que ordenan al INE detener la organización de las elecciones judiciales. Estas suspensiones han sido otorgadas por jueces en diversas entidades, incluyendo Michoacán, Colima, Morelos y el Estado de México, y tienen el objetivo de frenar cualquier acción del INE que pueda afectar los derechos de los jueces y magistrados que se oponen a ser sometidos a elección popular.
Por ejemplo, el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán dictaminó que el INE debe suspender la organización del proceso electoral para evitar que la reforma impacte la “esfera jurídica” de los jueces que interpusieron el amparo. Asimismo, el Juzgado Segundo de Distrito en Colima ordenó que el INE se abstenga de implementar cualquier acto relacionado con la elección de jueces. Estas suspensiones han provocado una parálisis en el proceso organizativo del INE, que busca claridad legal sobre cómo proceder.
Impacto y consecuencias de las suspensiones
La paralización de la organización de las elecciones judiciales no solo afecta al INE, sino que también pone en riesgo la implementación de la Reforma Judicial en su totalidad. Si las suspensiones se mantienen, el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, programado para 2025, podría sufrir retrasos significativos o incluso ser cancelado. Esto generaría un vacío legal en el marco de la reforma, complicando aún más su aplicación.
Además, las suspensiones provisionales también representan un desafío para la autoridad del INE como el principal órgano electoral de México. Las sanciones por desacatar las órdenes de los jueces incluyen multas, destituciones y hasta inhabilitaciones o prisión para los funcionarios responsables. Ante esta amenaza, el INE ha decidido actuar con cautela, optando por acudir al TEPJF en busca de una solución definitiva.
Intervención del TEPJF
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el encargado de resolver el conflicto legal entre el INE y los juzgados federales. La decisión del TEPJF determinará si las suspensiones provisionales deben mantenerse o si el INE puede reanudar sus actividades en torno a la organización de los comicios judiciales. Esta resolución tendrá un impacto significativo en la implementación de la Reforma Judicial y en el equilibrio de poderes en México.
La impugnación presentada por el INE es un esfuerzo por asegurar que el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial se lleve a cabo conforme a lo planeado, y que los jueces de distrito no interfieran en una materia que, según el INE, pertenece exclusivamente al ámbito electoral. Sin embargo, el fallo del TEPJF también podría inclinarse en favor de los amparos presentados, manteniendo las suspensiones y forzando al INE a detener sus actividades hasta que se resuelvan los juicios de amparo en cuestión.
Reacciones y posiciones en torno a la Reforma Judicial
Las posiciones respecto a la Reforma Judicial continúan siendo polarizadas. Morena, el partido gobernante, sostiene que la reforma es necesaria para democratizar el Poder Judicial y acercar a los jueces y magistrados a la ciudadanía. Según sus defensores, la elección popular de los funcionarios judiciales garantizaría que estos representen mejor los intereses del pueblo mexicano.
Por otro lado, los críticos de la reforma, incluidos jueces, abogados y académicos, argumentan que la elección popular de jueces podría debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a la politización de las decisiones judiciales. Según esta perspectiva, la reforma podría socavar el sistema de justicia al someter a los jueces a presiones políticas y electorales.
