El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con 7 votos a favor y 3 en contra la cancelación del voto de mexicanos residentes en el extranjero para la elección judicial de 2025. La decisión responde a una laguna jurídica en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que no regula expresamente esta participación en los comicios de jueces, magistrados y ministros.
La determinación generó posturas encontradas dentro del Consejo General. Consejeros como Claudia Zavala cuestionaron que se niegue un derecho político debido a la omisión legislativa, cuando la verdadera razón es la falta de recursos. “No hay que ocultar la realidad: el presupuesto recortado limita el alcance de esta elección“, afirmó Zavala.
Por su parte, Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal de la elección judicial, aseguró que, pese a los ajustes, el INE está preparado. “Con decisiones de austeridad y disciplina presupuestaria, lograremos un proceso ejemplar”, declaró.
Reutilización de materiales electorales
Ante el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados, el INE determinó reutilizar urnas, cajas paquete, mamparas, canceles y marcadoras de credenciales que se encuentran en las juntas distritales. Además, el líquido indeleble será producido por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, como una medida de ahorro que garantiza su calidad.
El instituto también aprobó la convocatoria para observadores electorales, quienes podrán registrarse hasta el 7 de mayo de 2025.
Sin verificación del padrón electoral
Debido al recorte presupuestal, el Registro Federal Electoral anunció que no se realizará la verificación muestral del padrón. En su lugar, se utilizará el registro empleado en los comicios de 2024, lo que ha despertado críticas de la oposición. Representantes como Justo López (PRI) y Marco Tulio Chacón (PAN) consideraron esto un retroceso que podría afectar la calidad del proceso electoral.
El padrón actual incluye 98 millones 329 mil 591 registros, pero expertos advierten que, sin una actualización formal, podrían persistir anomalías como movimientos de domicilio atípicos o reemplazos irregulares de credenciales, como ocurrió en Chiapas.
La decisión del INE sobre el voto extranjero marca un precedente polémico en la organización de los comicios judiciales del próximo 1 de junio de 2025. Mientras los consejeros a favor sostienen que la laguna jurídica es determinante, críticos insisten en que la verdadera causa es el limitado presupuesto.
El reto del INE será organizar elecciones austeras, garantizando la confianza ciudadana con recursos limitados y un padrón que no será verificado en su totalidad.
