El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un dilema crucial: deberá decidir si suspende o continúa el proceso preparatorio para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión no será fácil, ya que implica una disputa entre dos poderes del Estado y un conflicto de opiniones entre la justicia electoral y los jueces de amparo. Así lo expusieron los magistrados Adriana Ortega Ortiz, Juan José Olvera López, y José Rogelio Alanís García durante su conferencia de prensa conocida como la “contramañanera” de juzgadores federales.
Contexto del conflicto: INE entre la espada y la pared
El conflicto tiene sus raíces en la reciente reforma judicial, que ha sido altamente controversial. Esta reforma incluye un cambio en el proceso de selección de jueces y magistrados, estableciendo elecciones populares para ocupar dichos cargos, una medida que muchos han calificado como un atentado contra la independencia judicial. Sin embargo, la reforma fue aprobada por el Congreso y, desde entonces, ha sido objeto de varios recursos de amparo que buscan detener su implementación.
En este contexto, el INE recibió dos órdenes contradictorias: por un lado, una instrucción judicial que solicita la suspensión del proceso de elección de jueces y magistrados hasta que se resuelvan los amparos en curso, y por otro, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que dio luz verde para que el INE continúe con el proceso electoral en cuestión.
“El INE no la tiene fácil”, señaló el magistrado Juan José Olvera López, subrayando la gravedad de la decisión que el instituto tendrá que tomar en los próximos días. “No estamos frente a una decisión irrelevante, estamos ante una cuestión que afecta directamente a uno de los tres poderes de la República y que hoy por hoy está en pleno debate”, agregó Olvera.
Papel del TEPJF: Luz verde al INE, pero condicionado
Durante la conferencia de prensa, los magistrados profundizaron en la resolución del Tribunal Electoral, la cual fue aprobada por mayoría de tres votos contra dos y presentada por el magistrado Felipe de la Mata. En su proyecto, De la Mata sostuvo que es inviable que el INE suspenda procesos electorales, sobre todo en materia de jueces y magistrados, ya que la Constitución exige certeza jurídica en este tipo de elecciones. “El sistema judicial señala que somos el órgano definitivo en materia electoral”, explicó.
No obstante, los magistrados reconocieron que la reforma judicial es un tema polémico y que ha generado un clima de incertidumbre. “Puede no gustarnos la reforma judicial, podemos estar en contra del sistema, pero tenemos que acatar lo que dice la Constitución”, afirmó De la Mata en su exposición ante el pleno del TEPJF.
Diferencia de opiniones y papel de los jueces de amparo
Uno de los puntos más debatidos durante la “contramañanera” fue la intervención de los jueces de amparo en este proceso electoral. El magistrado Olvera López enfatizó que la determinación del Tribunal Electoral no afecta directamente las suspensiones de amparo presentadas contra la reforma, ya que no es competencia del TEPJF pronunciarse sobre estos recursos.
El propio Felipe de la Mata dejó claro en su proyecto que “los jueces de amparo no resuelven temas electorales y no deberían meterse”. Sin embargo, destacó que el INE, al tomar una decisión, debe fundamentar y justificar su actuación, ya que sus decisiones tendrán repercusiones en el futuro del Poder Judicial y en la democracia del país.
En este sentido, los jueces de amparo han sido criticados por lo que algunos consideran una intromisión en el ámbito electoral, mientras que defensores de la reforma judicial argumentan que su intervención es necesaria para proteger la independencia del Poder Judicial. “El INE tendrá que caminar en una línea muy delgada entre las decisiones judiciales y el mandato constitucional que debe cumplir”, añadió Olvera.
Certeza jurídica y la encrucijada del INE
La magistrada Adriana Ortega Ortiz también abordó la necesidad de que el INE asegure certeza jurídica en cualquiera de las decisiones que tome. “Estamos ante un proceso complejo, pero la Constitución y la ley son claras: el INE debe garantizar que cualquier proceso electoral se lleve a cabo con transparencia y certeza jurídica”, comentó.
Para José Rogelio Alanís García, otro de los magistrados participantes en la conferencia, esta situación revela un problema de fondo: la falta de claridad en la reforma judicial y las tensiones que ha generado entre los distintos poderes. “Este no es un debate sobre una simple elección, es un debate sobre la fortaleza de nuestras instituciones y la protección de los derechos de los ciudadanos”, señaló Alanís.
La reforma judicial ha sido duramente criticada por académicos y actores políticos, quienes argumentan que la elección popular de jueces y magistrados socava la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el gobierno ha defendido la reforma como un paso necesario para democratizar las instituciones y hacerlas más cercanas al pueblo.
Reacciones y preocupaciones de la sociedad civil
El dilema que enfrenta el INE no ha pasado desapercibido entre las organizaciones de la sociedad civil, que han alzado la voz para expresar su preocupación. Diversos grupos han señalado que la decisión del INE de continuar o suspender el proceso electoral podría tener un impacto profundo en la legitimidad del sistema judicial.
La organización México Evalúa, por ejemplo, publicó un comunicado en el que insta al INE a proceder con cautela y a garantizar que cualquier decisión esté fundamentada en la ley y en los principios democráticos. “La independencia del Poder Judicial es una pieza clave para la democracia, y cualquier medida que la ponga en riesgo debe ser cuidadosamente evaluada”, expresó Edna Jaime, directora de la organización.
Por otro lado, algunos sectores han apoyado la continuidad del proceso electoral, argumentando que la reforma judicial es un paso necesario para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial. “Este es el momento de acercar la justicia a la gente, y eso pasa por permitir que los jueces y magistrados sean electos por el pueblo”, afirmó Miguel Ángel García, un activista a favor de la reforma.
Con el respaldo del Tribunal Electoral y la existencia de amparos en contra, el INE enfrenta una encrucijada legal y política que tendrá repercusiones a largo plazo. En última instancia, será fundamental que el instituto actúe con transparencia, firmeza y, sobre todo, con apego a la ley para asegurar que su decisión, sea cual sea, contribuya a fortalecer el sistema democrático de México.
