En un reciente mandato del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido obligado a revisar y enriquecer su respuesta sobre la contaminación de agua en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La demanda del INAI surge tras reportes de hidrocarburos detectados en el suministro de agua potable, un hecho que ha causado alarma entre los residentes de estas zonas.
Durante una sesión pública ordinaria, el INAI aprobó la propuesta de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien destacó la necesidad de que Pemex Logística amplíe su búsqueda de información a todas sus unidades administrativas relevantes, incluyendo la Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicios de ductos. Esto permitirá obtener un panorama más completo sobre la calidad del agua afectada y las medidas tomadas para remediar la situación.
La acción del INAI responde a las preocupaciones de un ciudadano que se quejó de la respuesta inicial de Pemex, la cual fue considerada insuficiente ya que no proporcionaba todos los análisis y documentos requeridos sobre la contaminación del agua. Esta solicitud inicial, fechada el 31 de marzo, exigía a Pemex detallar la naturaleza del contaminante, las medidas para su tratamiento y los efectos potenciales en la salud humana y animal.
La comisionada Ibarra explicó que la respuesta de Pemex se limitaba a mencionar que se había realizado una muestra bajo normativas mexicanas específicas, sin entregar los documentos que sustentaran dicha afirmación. En sus palabras, “Estas unidades administrativas debieron conocer de la solicitud planteada, por lo tanto, resulta procedente instruir al sujeto obligado a que realice una nueva búsqueda sin omitir ninguna área relevante”.
Desde el 2 de abril, los residentes de las áreas afectadas reportaron un olor a combustible y solvente en el agua potable. Aunque inicialmente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México atribuyó el olor a problemas de almacenamiento y renovación del agua en cisternas y tinacos, el 9 de abril reconoció que el pozo Alfonso XIII, en Álvaro Obregón, podría ser el origen del problema y prometió atender la situación.
La resolución del INAI no solo busca garantizar el derecho humano al agua sino también fomentar la transparencia y responsabilidad en la gestión de recursos naturales por parte de entidades estatales como Pemex. Con la instrucción de proporcionar una respuesta más detallada y documentada, se espera que Pemex muestre mayor apertura y cooperación para resolver esta crisis ambiental y de salud pública.
La comunidad espera con ansias la nueva respuesta de Pemex, anticipando que proporcionará los detalles necesarios para entender completamente la magnitud del problema y las medidas específicas que se están tomando para garantizar la seguridad y calidad del agua. Este caso subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y la regulación gubernamental en la protección de los recursos vitales y la salud pública.
