El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la reciente selección del Comité de Evaluación, encargado de elegir a los candidatos para el próximo proceso electoral judicial. La impugnación surge de la preocupación de los legisladores panistas respecto a lo que consideran un proceso “opaco e inequitativo” en la selección de los cinco expertos que conforman el Comité, quienes serán responsables de evaluar y seleccionar a las personas interesadas en postularse para los cargos de jueces, magistrados y ministros en 2025.
El Comité de Evaluación está integrado por Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Repper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres, figuras señaladas por los legisladores del PAN como cercanas a Morena, el partido en el poder. Según los legisladores, este vínculo podría comprometer la imparcialidad del proceso, afectando la equidad y transparencia que el PAN considera esenciales en una elección de esta envergadura.
En su impugnación, el PAN argumenta que la selección del Comité “careció de criterios públicos, transparentes y equitativos”, y que se realizó sin consulta previa ni inclusión de otros grupos parlamentarios. Margarita Zavala y Héctor Saúl Téllez Hernández, quienes representan al grupo parlamentario del PAN, subrayaron en el documento de impugnación que esta falta de apertura y consulta es una amenaza al derecho de los ciudadanos de participar en un proceso de selección justo y equitativo.
Base legal de la impugnación
El recurso interpuesto por el PAN se presentó bajo el marco de un “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, respaldado en disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La impugnación se basa en criterios previamente establecidos por el TEPJF, que han reconocido la revisión de actos parlamentarios cuando estos vulneran derechos de naturaleza político-electoral, en especial el derecho a ser votado.
En el documento de impugnación, el PAN hace referencia a la Jurisprudencia 2/2022, la cual establece que los actos parlamentarios pueden ser revisados en sede electoral cuando vulneren derechos políticos-electorales fundamentales. La referencia a esta jurisprudencia subraya la visión del PAN sobre el proceso de selección del Comité de Evaluación como un acto parlamentario que limita la representatividad en el Poder Judicial y afecta el derecho político-electoral de los ciudadanos.
Reacciones dentro del Congreso
El diputado Héctor Saúl Téllez, portavoz del PAN en este caso, declaró: “El proceso de selección se desarrolló al margen de la ley, en completa opacidad, y fue decidido exclusivamente por un grupo de jerarcas de Morena. No hubo participación de las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras”. Téllez criticó la discrecionalidad con la que se estableció el Comité de Evaluación, indicando que la elección estuvo “alejada de los principios de certeza, legalidad y transparencia que deberían caracterizar un proceso democrático”.
Téllez también señaló que la mayoría legislativa oficialista rechazó cualquier posibilidad de que las diversas bancadas pudieran participar en la selección de los integrantes del Comité, lo cual, afirmó, coarta la pluralidad política en una instancia clave para garantizar la neutralidad en el proceso de selección de candidatos para la judicatura. Según él, la inclusión de personajes cercanos a Morena dentro del Comité mina la confianza de los ciudadanos en el proceso, puesto que “dificulta la existencia de un Comité que funcione como un verdadero árbitro imparcial y transparente”.
Posición de los legisladores oficialistas
Por otro lado, miembros de la bancada de Morena han defendido el proceso de selección del Comité, argumentando que se trata de figuras expertas y con un amplio conocimiento en temas judiciales. La legisladora de Morena, Patricia Gómez, subrayó que los integrantes del Comité cumplen con los requisitos técnicos y de experiencia establecidos por ley, y aseguró que “la cercanía con algún partido no afecta en lo absoluto la capacidad y compromiso de los integrantes en desempeñar su función con imparcialidad”.
Gómez calificó la impugnación del PAN como “una maniobra política para entorpecer el avance de la reforma judicial y mantener el statu quo en el Poder Judicial”, argumentando que la reforma busca garantizar un sistema judicial más accesible y cercano a los intereses de los ciudadanos. La legisladora hizo un llamado a los ciudadanos para que se enfoquen en los beneficios de la reforma judicial y en la importancia de un proceso que permita, por primera vez en la historia del país, la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.
La impugnación del PAN se da en un momento en el que la reforma judicial ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico de México. Esta reforma establece que la selección de jueces, magistrados y ministros sea realizada mediante un proceso de elección popular, con un Comité de Evaluación encargado de revisar y validar a los candidatos. La elección está programada para el 1° de junio de 2025, y se espera que marque un hito en la historia del Poder Judicial del país, ya que permitirá que los ciudadanos participen directamente en la selección de quienes tomarán decisiones clave en el sistema de justicia.
La impugnación del PAN será evaluada en los próximos días por el Tribunal Electoral, que deberá decidir si procede o no en función de los argumentos presentados. La decisión del Tribunal será un elemento clave para determinar la conformación final del Comité de Evaluación y, en última instancia, influirá en la implementación de la reforma judicial.
Para los legisladores de Acción Nacional, esta impugnación representa un paso fundamental en la defensa de un proceso de selección que consideran debería estar basado en la equidad y transparencia. “El respeto a la ley y la justicia son principios que deben regir el actuar de cualquier órgano del Estado”, concluyó Téllez, reiterando la necesidad de que el proceso de selección de los futuros miembros del Poder Judicial cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía en su conjunto.
