Morena quiere el camino libre para hacer la ley a su modo y conveniencia, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, presentó ante el pleno una polémica reforma constitucional que busca impedir que las modificaciones a la Carta Magna sean objeto de amparos o recursos legales que las frenen. La iniciativa, que Morena busca aprobar con rapidez, ha generado una fuerte confrontación entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo, y el Judicial, con la oposición expresando su rechazo total.
La propuesta, con efectos retroactivos, plantea que todos los juicios, recursos y consultas en contra de cualquier modificación a la Constitución presentados hasta la fecha, o que estén en curso, queden sin materia y sean sobreseídos una vez que la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación. La velocidad con la que Morena ha impulsado esta reforma ha encendido el debate, no solo en el Senado, sino en todo el país, pues se percibe como un intento del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) por consolidar su poder y eliminar los contrapesos judiciales.
Contexto de la iniciativa
La propuesta de Morena llega en un momento de creciente tensión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En los últimos meses, varias reformas impulsadas por el partido en el poder, entre ellas la reforma judicial, han sido objeto de amparos y recursos legales presentados por diversos actores políticos y sociales. Estos amparos han sido concedidos por jueces y juezas que consideran que algunas de las reformas impulsadas por la administración de Claudia Sheinbaum podrían violar derechos constitucionales o procedimientos legales.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que la intención de Morena es aprobar la iniciativa con celeridad. “La vamos a dictaminar hoy en comisiones y, si todo va como se espera, el jueves será votada en el pleno”, declaró Noroña. La iniciativa no solo busca frenar la cascada de recursos en contra de la reforma judicial, sino también limitar el alcance de las decisiones judiciales que han puesto en aprietos a la administración de Sheinbaum.
Contenido de la reforma
La reforma constitucional presentada por López Hernández establece que las modificaciones a la Carta Magna no podrán ser detenidas ni cuestionadas mediante amparos u otros recursos legales. Se modifica el artículo 103 de la Constitución para que “no cabe juicio o procedimiento alguno” en relación con las reformas o adiciones a la Constitución, lo que impediría a cualquier actor político o social utilizar el sistema judicial para frenar cambios constitucionales aprobados por el Congreso.
Además, se propone que en el artículo 105 se declaren improcedentes las controversias o acciones de inconstitucionalidad que busquen controvertir resoluciones de autoridades electorales. Según López Hernández, la iniciativa tiene el propósito de “reforzar el sentido de la Constitución general ante los intentos recientes de burlar sus postulados”.
Uno de los puntos más controvertidos es el efecto retroactivo de la reforma. Según la propuesta, todos los recursos legales presentados hasta la fecha quedarían sin efecto, lo que dejaría sin materia los juicios que buscan frenar reformas clave impulsadas por Morena, incluida la reforma judicial. Esto ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, que considera que una reforma con efectos retroactivos violaría principios básicos del derecho constitucional.
Reacciones de la oposición
Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) reaccionaron rápidamente, rechazando de manera contundente la iniciativa. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, calificó la propuesta de Morena como “un atropello a la ley”. Moreno argumentó que ninguna modificación legal puede tener efectos retroactivos, especialmente cuando se trata de derechos humanos.
“Lo que hoy pretende el oficialismo es una locura. Están reconociendo que la Suprema Corte de Justicia sí tiene facultades para revisar la reforma al Poder Judicial, y por eso quieren cambiar las reglas”, afirmó Moreno.
La senadora Guadalupe Murguía, coordinadora de los senadores del PAN, fue aún más dura en su crítica, al señalar que la iniciativa busca establecer “un régimen autoritario”. “Esta reforma es un ataque directo contra los derechos ciudadanos y los contrapesos judiciales. Lo que Morena quiere es eliminar cualquier posibilidad de que la sociedad se defienda de sus decisiones arbitrarias”, declaró Murguía en rueda de prensa.
El coordinador de MC, Dante Delgado, coincidió con sus colegas de la oposición, calificando la propuesta como un intento de “aniquilar la división de poderes” y “consolidar un sistema en el que el Ejecutivo y el Legislativo puedan actuar sin ningún tipo de supervisión judicial”. Delgado también criticó la velocidad con la que Morena está impulsando la reforma, señalando que no hubo tiempo para un debate profundo sobre sus implicaciones.
Objetivo de Morena
En defensa de la iniciativa, Adán Augusto López Hernández argumentó que las reformas a la Constitución son “la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo” y que, por tanto, no pueden ser impugnadas ni detenidas por el Poder Judicial. López Hernández señaló que el artículo 135 de la Constitución establece que el Poder Judicial tiene a su cargo la interpretación y aplicación de la Constitución, pero no su modificación. “No compete al Judicial impedir el cambio constitucional, ni modificar la voluntad soberana del pueblo”, declaró el senador.
Morena ha presentado esta reforma como una medida necesaria para “defender la soberanía del pueblo” frente a lo que consideran como una intromisión del Poder Judicial en asuntos que, según su interpretación, son competencia exclusiva del Congreso y el Ejecutivo.
Consecuencias políticas
La propuesta de Morena ha generado un ambiente de alta tensión en el Congreso y en la sociedad mexicana. Si bien el partido en el poder tiene los números necesarios para aprobar la reforma en ambas cámaras, la decisión de avanzar con una reforma de estas características, con efectos retroactivos y sin un debate parlamentario profundo, podría generar un fuerte rechazo por parte de amplios sectores de la sociedad.
En el ámbito judicial, esta reforma podría intensificar el enfrentamiento entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Corte ya ha emitido varios fallos que han frenado algunas de las reformas impulsadas por Morena, y esta iniciativa podría interpretarse como un intento de limitar la capacidad del Poder Judicial para supervisar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.
