La Guardia Nacional está a un paso de convertirse en un actor clave en la investigación de delitos en México. Tras la aprobación de la reforma constitucional por 19 congresos estatales, esta fuerza de seguridad ahora podrá realizar tareas ministeriales, una responsabilidad que históricamente había estado reservada al Ministerio Público y a las policías civiles. Con esta medida, las Fuerzas Armadas, a través de su componente civil-militar, asumen un papel más amplio en la seguridad pública del país.
El proceso de aprobación de la reforma alcanzó un punto crítico cuando el Congreso del estado de Chihuahua, con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), dio su voto a favor, logrando así los 17 votos mínimos necesarios para validar la reforma constitucional. Esta decisión se sumó a la de otros congresos como los de Baja California, Ciudad de México, Colima, y Veracruz, entre otros. Momentos después, los congresos de Nayarit y Michoacán también votaron a favor, elevando el total a 19.
Esta reforma, que fue aprobada en el Senado el 25 de septiembre de 2024 tras 31 horas y 43 minutos de debate, transforma el papel de la Guardia Nacional en el sistema de seguridad pública de México. A partir de su promulgación, esta corporación militarizada tendrá la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público.
Detalles de la Reforma Constitucional
El nuevo texto constitucional establece que la investigación de delitos ahora corresponderá al Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional. Todas estas instituciones actuarán bajo el mando y la coordinación del Ministerio Público, lo que supone una colaboración más estrecha entre las autoridades civiles y militares en el ámbito de la seguridad pública.
La Guardia Nacional, que desde su creación ha tenido un carácter militar con formación policial, estará encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta dependencia será clave para la implementación de las nuevas atribuciones que tendrá la corporación, cuyo objetivo es la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación, así como la colaboración con las entidades federativas y municipios.
El artículo 129 de la Constitución, que no había sido modificado en 167 años, fue reformado para permitir que la Guardia Nacional, en tiempos de paz, pueda realizar funciones que antes estaban reservadas para las autoridades civiles. Este cambio ha suscitado debates en torno al papel de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad interna, ya que por más de un siglo se había mantenido la separación entre las tareas civiles y militares.
Reacciones a la Reforma
La reforma constitucional ha generado reacciones tanto de apoyo como de preocupación. Por un lado, los defensores de la medida, como Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), han argumentado que la participación de la Guardia Nacional en la investigación de delitos fortalecerá la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y la violencia que azota al país. “Esta reforma es un paso crucial para mejorar la coordinación entre nuestras instituciones de seguridad y enfrentar de manera más efectiva los retos de la criminalidad,” señaló Monreal.
Por otro lado, sectores de la oposición y expertos en derechos humanos han expresado su preocupación por la creciente militarización de las funciones policiales en México. El Partido Acción Nacional (PAN) ha votado a favor de la reforma en varios congresos estatales, pero algunos de sus legisladores han advertido sobre los riesgos de otorgar mayores poderes a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. “Estamos de acuerdo en que se necesita una mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad, pero es fundamental que se respeten los derechos humanos y se garantice la supervisión adecuada,” comentó un legislador del PAN.
El próximo paso en el proceso legislativo será el cómputo final de los votos por parte del Congreso de la Unión. Este domingo 29 de septiembre, a las 16:00 horas, el Senado llevará a cabo el conteo oficial, seguido de la Cámara de Diputados a las 19:00 horas. Una vez que se confirme la constitucionalidad de la reforma, será publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente.
Este proceso forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno mexicano para transformar la Guardia Nacional en una fuerza de seguridad pública con mayores atribuciones. Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha sido un pilar de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido su militarización como una medida necesaria para enfrentar la creciente violencia en el país.
Desafíos de Implementación
Con la entrada en vigor de la reforma, uno de los principales retos será garantizar que la Guardia Nacional esté preparada para asumir las nuevas funciones ministeriales. La capacitación de sus miembros en áreas como la investigación criminal y el respeto a los derechos humanos será clave para asegurar que esta transición se realice de manera efectiva y sin violaciones a los derechos de los ciudadanos.
En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) también jugará un papel importante, ya que será la encargada de definir los programas, políticas y acciones que permitan una correcta implementación de las funciones de la Guardia Nacional en coordinación con las policías civiles y el Ministerio Público. Además, los 15,158 elementos que formaban parte de la extinta Policía Federal, y que fueron absorbidos por la Guardia Nacional en 2019, serán transferidos a la SSPC, lo que permitirá una mayor especialización de la Guardia Nacional en sus nuevas funciones.
Implicaciones para la Seguridad Pública
La reforma constitucional que permite a la Guardia Nacional realizar tareas ministeriales representa un cambio importante en el marco de la seguridad pública de México. Si bien la participación de las Fuerzas Armadas en la investigación de delitos puede fortalecer la lucha contra el crimen organizado, también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre las funciones civiles y militares en un contexto de paz.
Para los defensores de la reforma, la Guardia Nacional es una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos de seguridad del país, que incluyen no solo el narcotráfico y la delincuencia organizada, sino también problemas como la violencia de género y los delitos contra los derechos humanos. Sin embargo, para los críticos, el reto será garantizar que esta militarización no conduzca a abusos de poder ni a una erosión de las libertades civiles.
