24 noviembre, 2024
Gobierno va por tope a ocupación de Airbnb, iniciativa llega al Congreso

 

La Ciudad de México avanza hacia una regulación más estricta del alojamiento turístico, con el envío de una nueva iniciativa al Congreso local por parte del jefe de Gobierno, Martí Batres. Esta propuesta busca establecer un tope a la ocupación de departamentos arrendados a través de plataformas como Airbnb. La medida tiene como objetivo garantizar un turismo sostenible y equilibrar el impacto en las comunidades locales.

 

La iniciativa propone que los departamentos que hayan sido rentados por más de seis meses a través de estas plataformas no podrán renovar su registro en el padrón oficial durante un año. Esto significa que, si un propietario alquila su inmueble más de la mitad del año, deberá esperar un período de exclusión antes de poder inscribir nuevamente su propiedad.

 

Según el proyecto, las rentas a través de Airbnb generaron 15 mil millones de pesos en contribución económica en 2023, lo que demuestra la relevancia de este modelo en la economía local. Este gasto de los viajeros no solo benefició a los anfitriones, sino que también apoyó a más de 63 mil fuentes de trabajo en la capital, generando más de 3 mil 300 millones de pesos en ganancias adicionales.

 

A pesar de estos beneficios, el gobierno reconoce que la falta de regulación adecuada plantea desafíos significativos, como problemas de seguridad y el desplazamiento de residentes locales. Por ello, Batres señala que es crucial regular este tipo de hospedaje para evitar que alteren la vida de las comunidades y para promover una competencia más justa en el sector turístico.

 

La iniciativa también busca perfeccionar las reformas aprobadas el pasado 4 de abril, argumentando que es necesario seguir fortaleciendo la regulación en esta área. El objetivo es asegurar que la Ciudad de México continúe siendo un destino atractivo, sin comprometer la calidad de vida de sus habitantes.

 

 

Además, el Ejecutivo local ha enviado otra propuesta para ampliar las penas por retirar sellos de clausura, aumentando la sanción de seis a doce años de prisión, una medida que busca robustecer el cumplimiento de las regulaciones existentes.

 

Con estas acciones, el gobierno de la Ciudad de México busca equilibrar los intereses de los turistas, los anfitriones y los residentes, promoviendo un modelo de turismo sostenible que beneficie a todos. La discusión de esta iniciativa en el Congreso será un paso crucial para definir el futuro del alojamiento turístico en la capital.