El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, en conferencia de prensa dio a conocer que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juez federal, Roberto Omar Paredes Gorostieta, por su participación en la liberación de Fabián Osvaldo “N”, alias “El Cachorro”, a quien se identifica como líder de la célula delictiva “La Ronda 88” y uno de los generadores de violencia más peligrosos en la capital.
“La denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República, el escrito de denuncia está dirigido al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, está firmado por Adrián Chávez Dozal, que es el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y es quien tiene la representación legal para hacer este tipo de denuncias y de actos. (…) Lo que más buscamos, es que haya justicia, en el fondo lo que nos interesa es que los jueces federales no obstruyan la acción de la justicia. (…) Este tipo de jueces en lugar de proteger a la sociedad, lo que hacen es ponerla en peligro, estas personas no tienen vocación de justicia, no tienen por qué estar ahí, en estos cargos”, señaló.
El Jefe de Gobierno explicó que Fabián Osvaldo “N” tiene una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, por lo que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo esperaba a su salida de los juzgados; sin embargo, dijo tener pruebas de que obtuvo ayuda para escapar y evadir su detención.
“Estos son los tres elementos que quiero subrayar: se trata de un juez federal llamado Roberto Omar Paredes Gorostieta, contra el que presentamos la denuncia; la persona liberada se trata de un peligroso generador de violencia buscado por las autoridades de la Ciudad de México; y en tercer lugar, quiero subrayar que se le dejó salir por la puerta de atrás y se le ayudó a transformar su imagen para no ser percibido en su huida, prácticamente desde el juzgado se le ayudó a huir y a evadir la acción de la justicia”, indicó.
El consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Solano Vargas, por su parte informó que las sanciones que podría enfrentar el juez se encuentran establecidas en el Código Penal Federal y son de carácter privativo de la libertad, con 4 a 10 años de prisión, además de penas económicas y la destitución de su cargo.
También dijo que se habló con la FGR para que se ponga una queja ante el a fin de que al juez federal, Paredes Gorostieta, se le suspenda de manera inmediata y en su caso, se le sancione en el ámbito de la responsabilidad que corresponda.
