El exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, fue trasladado a una prisión federal en Oklahoma, donde permanecerá temporalmente mientras las autoridades estadounidenses deciden el lugar definitivo para que purgue su condena de 38 años de prisión.
La decisión fue confirmada por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), que actualizó su ubicación en el sitio web oficial bajo el número de registro 59745-177. García Luna, de 56 años, había permanecido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, desde su arresto y durante el juicio que culminó con su sentencia el pasado 16 de octubre.
El caso y la sentencia
El juez de distrito Brian Cogan, quien dictó la sentencia, destacó la gravedad de los crímenes cometidos por García Luna, quien fue declarado culpable en febrero de 2023 por cargos de participación en una empresa delictiva de tráfico de drogas, conspiraciones relacionadas y declaraciones falsas. Durante su tiempo como máximo encargado de la seguridad pública en México, García Luna aceptó sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a cambio de protección para sus operaciones de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
En septiembre, los fiscales habían solicitado una condena de cadena perpetua, argumentando que sus acciones socavaron los esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico y fortalecieron a una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.
El juez Cogan recomendó que García Luna sea enviado finalmente a una prisión cercana a Washington, D.C., para facilitar el contacto con su familia, que reside en Virginia, pero la decisión final sobre su lugar de reclusión aún está en manos de las autoridades penitenciarias de Estados Unidos.
Mientras tanto, el traslado a Oklahoma forma parte del proceso de redistribución habitual del sistema penitenciario federal, diseñado para evaluar las condiciones y el nivel de seguridad adecuados para cada recluso.
El caso de García Luna sigue siendo un símbolo de la complicidad gubernamental en el narcotráfico y representa uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al combate al crimen organizado en México. Su condena marca un precedente histórico en la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
