El caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, sigue generando un intenso debate legal en el tribunal federal de Brooklyn, donde su defensa ha solicitado una condena de 20 años de prisión para su cliente, quien enfrenta serias acusaciones por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. Este pedido fue presentado el 25 de septiembre de 2024, en la audiencia de sentencia programada para el 9 de octubre.
El abogado de García Luna, César de Castro, argumentó que una sentencia de 20 años sería “extremadamente significativa” y reflejaría el tiempo que su cliente dedicó al servicio público. En una carta dirigida al juez, De Castro subrayó que García Luna ha perdido “todo lo que obtuvo trabajando” y solicitó que las duras condiciones de su detención en la prisión MCD durante los últimos cinco años sean consideradas para una posible reducción de pena.
A esta solicitud se suma una carta de Linda Pereyra, esposa de García Luna, quien defendió su carácter y virtudes en una emotiva misiva al tribunal. “Le pido con respeto, señoría, que tome en cuenta la palabra de la mujer que ha vivido 35 años con él, que lo eligió para casarse y que lo sigue eligiendo hasta el día de hoy por sus inquebrantables valores y resiliencia”, escribió Pereyra, enfatizando el impacto de esta situación en su vida familiar.
Por otro lado, la Fiscalía no se ha mostrado indulgente. En contraste con la solicitud de la defensa, los fiscales piden una cadena perpetua, argumentando que los crímenes de García Luna son de una magnitud sin precedentes.
Según el fiscal federal Breon Peace, García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa y a cambio, se convirtió en un “aliado y miembro esencial” de la organización criminal, facilitando el tráfico de más de un millón de kilos de cocaína a través de México hacia Estados Unidos.
Peace destacó que “es difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y la adicción que facilitó, y su traición al pueblo de México y Estados Unidos”. Este comentario resuena fuertemente en el contexto actual de la lucha contra el narcotráfico, subrayando la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos en la seguridad de la nación.
El desenlace de este caso no solo afectará a García Luna, sino que también impactará el enfoque del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y el futuro de la política de seguridad en el país. La comunidad espera con anticipación la decisión del juez Brian Cogan, que podría sentar un precedente en la judicialización de la corrupción vinculada al narcotráfico.
