El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, ha presentado una apelación formal en contra del veredicto y la sentencia de más de 38 años de prisión dictada por la Corte de Distrito Este de Nueva York, en la que fue hallado culpable de narcotráfico y otros cargos. La moción, fechada el 18 de octubre, busca impugnar la condena que lo vincula a una colaboración con el cártel de Sinaloa, por la cual también se le impuso una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad supervisada adicionales al término de su sentencia.
El 16 de octubre, el juez Brian Cogan emitió la sentencia de 460 meses de prisión (38 años y 8 meses) contra García Luna, quien fuera una figura clave en la administración de Felipe Calderón, por haber facilitado el tráfico de drogas y recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa. El exfuncionario fue encontrado culpable de cinco delitos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, posesión de cocaína con la intención de distribuir, importación de cocaína, participación en una empresa criminal continuada y falsedad de declaración en el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.
Durante la audiencia de sentencia, el juez Cogan describió a García Luna como una figura de “doble vida”. “Podrá vestirse de manera elegante y decir que respeta la ley, pero su conducta fue la misma que la de El Chapo”, señaló Cogan; sin embargo, el juez evitó imponerle cadena perpetua, justificando su decisión en el buen comportamiento que García Luna ha demostrado en prisión, donde se ha dedicado a impartir clases y cursos a otros internos, lo que según Cogan, representa “una luz al final del túnel” en su proceso de rehabilitación.
Estrategia de Apelación y la Defensa de García Luna
La apelación de García Luna está encabezada por su abogado, César de Castro, quien en el escrito dirigido a la Corte del Distrito Este de Nueva York argumenta que existen fundamentos para reconsiderar tanto la sentencia como el veredicto emitido por el jurado en febrero de 2023. En el juicio, que duró un mes, la fiscalía presentó a 26 testigos, quienes detallaron cómo García Luna recibió sobornos a cambio de permitir que el cártel de Sinaloa operara sin restricciones durante su gestión como secretario de Seguridad.
La defensa sostiene que el proceso estuvo “lleno de irregularidades” y cuestiona la fiabilidad de algunos de los testimonios presentados, sugiriendo que no todos los elementos probatorios son consistentes con las normas legales. Además, de Castro subrayó que el castigo de 38 años es “desproporcionado”, argumentando que su cliente no era un narcotraficante en sí, sino un funcionario que “posiblemente pudo haber facilitado ciertas actividades” sin conocer el alcance completo de las operaciones del cártel.
Impacto del caso en México y Estados Unidos
El caso de García Luna ha tenido repercusiones significativas en México y en la relación entre ambos países en temas de seguridad y justicia. Su condena representó un golpe contundente para la imagen de la política de seguridad pública de los años anteriores en México, especialmente durante la administración de Calderón, quien ha rechazado cualquier vínculo con actividades ilícitas.
García Luna, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad de 2006 a 2012, fue responsable de encabezar la guerra contra el narcotráfico en México, aunque los testimonios en su contra afirman que durante esos años trabajó en beneficio del cártel de Sinaloa.
Este juicio también ha revelado los desafíos para la cooperación binacional en materia de seguridad, ya que durante años García Luna fue considerado un aliado cercano de las agencias de inteligencia estadounidenses; sin embargo, la fiscalía estadounidense asegura que su “doble vida” y sus vínculos con el narcotráfico contradicen cualquier noción de colaboración legítima con la justicia.
Sentencia y multa impuesta
Además de la sentencia de prisión, el juez Cogan impuso una multa de dos millones de dólares a García Luna por su papel en facilitar las operaciones del cártel de Sinaloa. Esta cifra, aunque significativa, no se acerca a las cantidades que, según testigos, habría recibido en sobornos durante una década, calculadas en millones de dólares.
El juez explicó que el tiempo que García Luna ya ha pasado en prisión desde su detención en 2019 se descontará de su sentencia, y que los años restantes se cumplirán bajo condiciones de libertad supervisada una vez que sea liberado, siempre y cuando se confirme la condena en el proceso de apelación.
Con la apelación ahora en manos del Tribunal de Apelación, los abogados de García Luna esperan una revisión exhaustiva del caso, lo que podría alargar el proceso judicial por varios meses. A través de esta estrategia legal, buscan reducir la sentencia, cuestionar la veracidad de los testimonios presentados y obtener una revisión detallada de los fundamentos que llevaron al jurado a emitir un veredicto de culpabilidad en los cinco cargos.
Sin embargo, analistas legales en Estados Unidos anticipan que la apelación enfrentará obstáculos importantes, dada la contundencia de las pruebas y la cantidad de testimonios que vinculan a García Luna con el cártel. Además, al ser un caso de alta visibilidad, el Tribunal de Apelación examinará cuidadosamente cada aspecto de los argumentos presentados por la defensa, lo que podría resultar en una ratificación de la sentencia actual.
La apelación de García Luna ha suscitado un debate sobre la corrupción en las instituciones de seguridad pública y la necesidad de reforzar los sistemas de supervisión y transparencia en México. Su caso es emblemático, pues involucra a una de las figuras que supuestamente debía combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad pública, y cuya condena ha sido vista como una señal de advertencia para otros funcionarios que podrían estar involucrados en actividades ilícitas.
La expectativa de una resolución a favor de la apelación es baja, pero el proceso se mantendrá en el interés público, ya que el desenlace de este caso no solo afectará a García Luna, sino que también sentará un precedente en la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
