El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ha logrado obtener una suspensión provisional que frena temporalmente su aprehensión, tras ser acusado de peculado por un monto superior a los 98 millones de pesos. Este hecho ha generado una gran controversia en el ámbito político, siendo visto por muchos como una prueba más de la creciente tensión entre el panista y la actual administración estatal de Chihuahua, encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos.
Un amparo en medio de acusaciones
La jueza Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Patricia Marcela Diez Cerda, fue la encargada de conceder esta suspensión provisional, imponiendo a Corral una garantía de 120 mil pesos mientras se decide la concesión del amparo definitivo. Según lo establecido por la jueza, la resolución definitiva podría tomarse en un plazo de siete días hábiles, aunque será hasta el 27 de septiembre cuando un grupo colegiado de jueces emita una decisión final sobre el amparo.
Este amparo llega después de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentara detener a Corral en un restaurante de la colonia Roma en la Ciudad de México, sin embargo la detención no se llevó a cabo debido a la falta de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que permitió al exgobernador evitar la captura en ese momento.
La orden de aprehensión contra Javier Corral fue girada por un juez de Chihuahua, quien lo acusa de estar implicado en un caso de peculado durante su administración como gobernador del estado. El caso se centra en la presunta malversación de más de 98 millones de pesos, un delito que Corral ha negado enfáticamente, calificándolo como una acusación sin fundamentos y motivada por una venganza política.
En declaraciones recientes, Corral expresó que desde 2021, cuando se le hizo la primera observación sobre el caso, ni la Auditoría Superior del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua le han permitido acceder al expediente ni presentar sus alegatos, lo que, según él, evidencia una persecución política en su contra. “Es evidente que esto es una venganza por mi lucha contra la corrupción que imperaba durante la administración de César Duarte, quien tejió una red para saquear las arcas estatales y en la cual está involucrada la actual gobernadora”, afirmó Corral.
El caso ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político. Desde la oposición, muchos han cuestionado la legalidad y las motivaciones detrás de la orden de aprehensión. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha sido uno de los principales defensores de Corral, acusando a la Fiscalía General de Chihuahua de actuar de manera “facciosa” y de utilizar el aparato judicial para perseguir a sus adversarios políticos.
Durante una de sus conferencias matutinas, López Obrador expresó que el caso contra Corral es producto de las diferencias entre el exgobernador y la actual mandataria estatal, Maru Campos, a quien el presidente ha señalado en repetidas ocasiones como aliada del exgobernador César Duarte, quien actualmente enfrenta múltiples cargos por corrupción. “Es una venganza política. Maru Campos está utilizando el poder judicial para golpear a quienes se han opuesto a su administración y a las prácticas corruptas de su antecesor”, sostuvo el presidente.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, también ha salido en defensa de Corral, asegurando que el exgobernador continuará siendo parte de su equipo de trabajo y calificando las acusaciones en su contra como infundadas. “No tiene por qué salirse del equipo. Es un senador de Morena y lo que está ocurriendo es una clara persecución política”, declaró Sheinbaum, enfatizando que no hay base legal para las imputaciones que enfrenta Corral.
A pesar de la magnitud del caso y la atención mediática que ha recibido, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha guardado silencio. Se intentó obtener una declaración oficial por parte del Fiscal o de su oficina de comunicación social, pero no se ha proporcionado ninguna respuesta concreta.
Este silencio ha sido interpretado por algunos como un intento de minimizar la controversia, mientras que otros lo ven como una señal de que la Fiscalía podría estar reconsiderando su posición frente al amparo concedido a Corral. No obstante, el Fiscal Valenzuela ha sido enfático en afirmar que la orden de aprehensión sigue vigente y que, tarde o temprano, se cumplirá, lo que sugiere que la batalla legal en torno a Javier Corral está lejos de concluir.