La Fiscalía de la Ciudad de México ha calificado de “ilegal” el intento de detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, realizado por la Fiscalía Anticorrupción de dicho estado. Este caso, que ha capturado la atención pública y generado un intenso debate político, podría tener amplias repercusiones tanto para los involucrados directamente como para la percepción de la justicia en México.
El incidente ocurrió el pasado 14 de agosto cuando agentes ministeriales de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, a cargo del operativo, intentó justificar su acción mostrando un oficio que solicitaba la colaboración de la capital mexicana, basándose en un protocolo de la Fiscalía General de la República (FGR) y sus homólogas estatales.
Sin embargo, el encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, declaró en un mensaje a los medios que este protocolo no incluye a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ya que dicha entidad no forma parte del convenio de colaboración firmado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012.
Tras una revisión meticulosa, la Fiscalía CDMX identificó múltiples irregularidades en la solicitud y ejecución del intento de detención. “La investigación reveló que los agentes de Chihuahua ya estaban operando en nuestra jurisdicción sin la debida autorización desde dos días antes de la solicitud formal, lo que constituye una violación clara del debido proceso y de los protocolos establecidos”, explicó Ulises Lara.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía de la CDMX ha iniciado una investigación interna con la participación de la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Además, se ha anunciado que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes resulten responsables de este acto que han calificado de flagrante ilegalidad.
La detención fallida y las acusaciones de ilegalidad han provocado un considerable alboroto político. Javier Corral ha denunciado que la acción en su contra tiene motivaciones políticas, sugiriendo que se trata de una venganza por su postura crítica contra ciertas figuras políticas estatales y nacionales.
El caso también ha atraído la atención de figuras políticas, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado su apoyo a Corral, describiendo las acusaciones como parte de una persecución política.
La situación ha generado una amplia discusión sobre la autonomía de las fiscalías estatales y la necesidad de adherirse estrictamente a los protocolos legales para evitar abusos de poder. Este caso podría sentar un precedente importante sobre cómo deben gestionarse las solicitudes de cooperación interjurisdiccional en la ejecución de mandatos judiciales en México.
