La operación de taxis por aplicación en aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha generado un nuevo foco de tensión. Tras la prohibición de recoger pasajeros en las bahías de ambas terminales, conductores de plataformas como Uber y DiDi se han movilizado para exigir igualdad de condiciones frente a los taxis convencionales.
El conflicto escaló cuando los conductores de estas aplicaciones organizaron una manifestación frente a Palacio Nacional, solicitando acceso libre y sin restricciones a los aeropuertos del país. Durante la protesta, los choferes reclamaron que la nueva normativa los obliga a recoger pasajeros en puntos específicos ubicados fuera de las terminales, lo que consideran una desventaja.
En Terminal 1, los pasajeros deben caminar entre 400 y 700 metros hasta Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, mientras que en la Terminal 2 deben llegar hasta Avenida Fuerza Aérea Mexicana, lo que complica el servicio.
Las restricciones fueron vistas como resultado de la presión de grupos de taxistas tradicionales sobre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el fin de bloquear a las plataformas digitales. A pesar de esto, Uber cuenta con un amparo que le permite operar en aeropuertos, pero los choferes argumentan que las nuevas zonas de abordaje reducen la competitividad y generan largas filas para los pasajeros.
Ante esta situación, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, reconoció que la problemática no se limita al AICM, sino que afecta también a otros aeropuertos del país, como Cancún. En respuesta, la Secretaría de Marina ha iniciado conversaciones con los involucrados, incluyendo personal del aeropuerto, taxistas y representantes del sector de comunicaciones, para llegar a un “término medio” que solucione el conflicto. El objetivo es garantizar una vialidad más fluida y reducir la congestión vehicular.
El incumplimiento de las normativas puede resultar en multas de entre 40 y 50 mil pesos para los conductores de plataformas que recojan pasajeros en áreas no autorizadas, y sus vehículos podrían ser enviados al corralón.
Mientras tanto, más de 600 conductores de Uber enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando su intervención para resolver el conflicto. Los choferes destacaron que el problema no solo es la demanda de transporte, sino también la inseguridad y las tensiones crecientes entre taxistas y conductores de aplicaciones.
La situación sigue en desarrollo mientras se espera un acuerdo que logre equilibrar los intereses de todos los actores involucrados.
