En los últimos días, la violencia desatada en las zonas serranas del sur de Sinaloa ha llevado a decenas de familias a abandonar sus hogares. Municipios como Concordia y Rosario, áreas afectadas por los enfrentamientos entre grupos delictivos ligados al Cártel de Sinaloa, han visto cómo sus habitantes huyen por temor a la creciente inseguridad.
El conflicto, que involucra a facciones enfrentadas de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ha provocado una crisis de desplazados, afectando gravemente la vida en estas comunidades.
Desplazamiento de las familias
Desde el 16 de septiembre de 2024, ya suman al menos 60 familias de las localidades de El Palmito y Potrerillos, ubicadas en los límites entre Sinaloa y Durango, han dejado sus hogares. El alcalde de Concordia, Raúl Díaz, confirmó el éxodo, señalando que los enfrentamientos en estas zonas han intensificado la violencia, lo que ha generado miedo entre los habitantes.
“Las familias no se sienten seguras y han optado por salir. Sabemos que algunas han llegado a la cabecera municipal, pero muchas otras se dirigieron a Mazatlán, donde tienen familiares o amigos que pueden recibirlas”, comentó el edil. Además, resaltó que la situación es particularmente crítica en las comunidades de Chirimoyos y La Petaca, donde la violencia ha generado un desabasto de alimentos debido a los bloqueos en las carreteras, aislando por completo a los habitantes.
Ayuda humanitaria y desafíos logísticos
Las autoridades locales han intentado coordinar esfuerzos para brindar ayuda a las familias que aún permanecen en las comunidades afectadas, según explicó Díaz, en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha organizado la entrega de despensas y víveres para unas 200 personas que siguen en las zonas más aisladas.
“No podemos dejarlos a su suerte. Estamos haciendo todo lo posible para llegar a ellos, pero la situación es compleja debido a los bloqueos carreteros y la presencia de grupos armados”, indicó.
Eleazar González, alcalde de Rosario, también confirmó que al menos 80 personas de su municipio han abandonado sus hogares por la misma razón. “La violencia nos está golpeando fuerte. La gente está desesperada y teme por su seguridad”, afirmó. González mencionó que el DIF municipal ha estado trabajando para atender a los desplazados, brindándoles alimentos y atención médica básica.
Origen de la violencia
Los recientes enfrentamientos que han causado este desplazamiento masivo comenzaron el 9 de septiembre en Culiacán, pero rápidamente se extendieron a las zonas serranas al sur del estado. Según las autoridades, las pugnas entre las facciones del Cártel de Sinaloa han escalado, generando caos y violencia en las comunidades rurales cercanas a la frontera con Durango.
La lucha por el control territorial entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada ha sido el principal motor de esta ola de violencia, afectando a poblaciones inocentes en su disputa. A medida que los grupos armados intentan consolidar su poder en la región, la violencia ha alcanzado un nivel alarmante, forzando a las familias a tomar decisiones drásticas.
Testimonios de los afectados
Miguel Rodríguez, un residente de El Palmito, contó su experiencia: “No nos quedaba otra opción más que huir. Escuchábamos disparos a todas horas, y ya no era seguro estar en casa. Dejamos todo atrás, nuestras casas, nuestras tierras. Ahora estamos buscando refugio en Mazatlán”. Su testimonio refleja el miedo y la incertidumbre que están viviendo cientos de personas en la región.
Por su parte, María Espinoza, quien tuvo que abandonar su hogar en Rosario, expresó: “No sabemos cuándo podremos volver, ni siquiera si nuestras casas seguirán en pie cuando regresemos. Es una situación desesperante”.
Respuesta del gobierno
Ante la creciente crisis, el gobierno de Sinaloa, en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, ha reforzado la seguridad en las áreas afectadas, desplegando más elementos para intentar controlar la situación. No obstante, la respuesta ha sido insuficiente para detener los desplazamientos. En los últimos días, las autoridades locales han instado al gobierno federal a intervenir con más recursos y medidas de seguridad.
“Es imperativo que el gobierno federal tome cartas en el asunto. No podemos enfrentar esta situación solos”, declaró el alcalde Raúl Díaz. En su intervención, pidió una mayor presencia de fuerzas de seguridad y la implementación de un plan de contingencia para apoyar a las familias desplazadas.
Impacto en la región
El impacto de la violencia y los desplazamientos forzados en la zona serrana ha sido devastador. Además del desabasto de alimentos, el cierre de carreteras y la interrupción de las actividades económicas, las comunidades han perdido su cohesión social. Las escuelas han cerrado, los pequeños negocios han dejado de operar, y las tierras agrícolas, principal fuente de sustento para muchos, están abandonadas.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha reconocido la gravedad de la situación y ha pedido calma a la población. En una conferencia de prensa, Rocha Moya afirmó que se están tomando medidas para restablecer el orden en la región, pero también hizo un llamado a la colaboración de las autoridades federales.
“Estamos enfrentando una situación crítica que no solo afecta a las comunidades desplazadas, sino a toda la entidad. La violencia debe detenerse, y para eso necesitamos el apoyo total del gobierno federal”, dijo el gobernador.
Desafíos y soluciones a largo plazo
El desplazamiento de familias en Concordia y Rosario es solo una muestra más de los efectos colaterales de la guerra entre cárteles en México. Los expertos en seguridad coinciden en que la militarización de las regiones afectadas no es suficiente para resolver el problema de fondo. Es necesario implementar políticas de desarrollo económico y social que ofrezcan alternativas a las poblaciones rurales, así como programas de reintegración y reconstrucción de las comunidades afectadas por la violencia.
Rafael Prieto, analista en seguridad pública, opinó: “No podemos seguir dependiendo únicamente de la presencia militar. Las soluciones a largo plazo deben enfocarse en el fortalecimiento de las instituciones civiles, la generación de empleo y el acceso a servicios básicos en estas zonas marginadas. Solo así podremos romper el ciclo de violencia que afecta a las comunidades más vulnerables”.
La crisis de violencia en el sur de Sinaloa es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la disputa entre cárteles y de la insuficiencia de las políticas de seguridad actuales. La necesidad de una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo y justicia social es más urgente que nunca. Mientras tanto, las comunidades afectadas seguirán luchando por recuperar su vida cotidiana, en espera de que las autoridades logren restablecer la paz en la región.
