Con 43 votos a favor y 17 en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. La sesión, que se prolongó hasta la madrugada, dejó en evidencia las tensiones entre los legisladores de Morena y los de la oposición.
Nuevos Delitos Incluidos en la Reforma
La reforma amplía la lista de delitos graves que ameritan prisión preventiva automática, entre los nuevos delitos figuran:
- Extorsión.
- Producción, importación y exportación de drogas sintéticas, como el fentanilo.
- Contrabando.
Posturas en el Debate Legislativo
Durante la discusión, las posiciones estuvieron divididas:
A favor:
- Yuriri Ayala, diputada de Morena, destacó que la reforma es fundamental para evitar que criminales evadan la justicia, en especial aquellos involucrados en el tráfico de fentanilo, un problema que afecta gravemente a los adolescentes mexicanos.
- Adriana Espinosa de los Monteros, también de Morena, subrayó que esta medida garantiza que las investigaciones avancen sin violar derechos humanos, reforzando el compromiso del gobierno con la ciudadanía.
En contra:
- Omar García, del PRI, expresó su preocupación por el riesgo de que esta medida criminalice la pobreza y vulnere derechos humanos, al permitir que personas sean encarceladas sin pruebas concluyentes.
- Ricardo Rubio, diputado del PAN, calificó la reforma como regresiva y autoritaria, argumentando que podría ser usada para encarcelar a opositores políticos. Rubio también criticó que las reservas propuestas por Ricardo Monreal, senador de Morena, para excluir delitos como la defraudación fiscal no fueran aceptadas.
- Olivia Garza, del PAN, advirtió que el aumento de la población carcelaria con personas acusadas de delitos menores podría fortalecer al crimen organizado al profesionalizar a delincuentes dentro de las prisiones.
Esta reforma, impulsada en el contexto del combate al crimen organizado, refleja un endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno federal, sin embargo, críticos señalan que podría generar mayores tensiones en el sistema de justicia y afectar desproporcionadamente a sectores vulnerables de la población.
Con esta decisión, la Ciudad de México se suma al debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos humanos.
