En México, el fenómeno de la extorsión se está convirtiendo en una amenaza omnipresente para los pequeños negocios, extendiéndose a lo largo del país y afectando las bases de la economía local. Así lo alertó Cuauhtémoc Rivera, Presidente Nacional de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en la reciente inauguración de la ExpoTrastienda en la Ciudad de México, un evento diseñado para celebrar y apoyar a los pequeños comerciantes cuya jornada conmemorativa se celebra cada 7 de agosto.
El repunte de la extorsión se debe a la percepción de dividendos inmediatos que el delito ofrece, exacerbado por la falta de capacidad de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para investigar y perseguir estos delitos efectivamente por las pocas denuncias realizadas a causa de la desconfianza o miedo a represalias. A esto se suma la habilidad de grupos pequeños para presentarse falsamente como parte de organizaciones criminales grandes, complicando aún más la respuesta de las autoridades.
La extorsión, según Rivera, no solo representa una carga financiera insostenible para los comerciantes sino que también es una amenaza para la estructura social del país. “Es como el moho, algo que está afectando al tejido social y no debemos permitir que se normalice,” advirtió. Este delito se ha convertido en un problema sistemático que, de no ser controlado, podría llevar a la sociedad mexicana a aceptar la extorsión como una realidad inevitable.
La extorsión ha penetrado áreas como la Colonia Del Valle y Narvarte, donde comerciantes reportan amenazas constantes y una sensación de indefensión ante la falta de acción efectiva por parte de las autoridades. La Ciudad de México tiene una concentración preocupante de casos, con tres alcaldías: Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Los pequeños negocios enfrentan extorsiones que van desde el cobro de “derecho de piso” hasta amenazas directas, lo que implica un costo adicional que muchos apenas pueden afrontar. Con alrededor de un millón 200 mil puntos de venta generando más de cinco millones de autoempleos, el impacto económico es vasto. Según Rivera, el cobro promedio de extorsión puede oscilar entre 2,500 y 20,000 pesos mensuales, dependiendo del éxito del negocio.
Ante la expansión de este fenómeno, Rivera ha hecho un llamado a las autoridades, especialmente con la inminente transición de gobierno, para que se tomen medidas más firmes y eficaces. Ha instado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a prestar atención a esta problemática que afecta a la microeconomía y a considerarla una prioridad en su agenda.
Además, la ANPEC ha destacado la necesidad de un apoyo más robusto para los pequeños comerciantes, incluyendo capacitaciones, simplificación de trámites, y esquemas de financiamiento que puedan aliviar la presión económica a la que están sujetos estos negocios.
Este no es un problema aislado a ciertas regiones, se extiende a través de múltiples estados y toca prácticamente todas las esferas de la economía informal y formal. Desde Tamaulipas hasta Sonora, pasando por puntos críticos como Culiacán y Coatzacoalcos, la extorsión se ha convertido en una constante amenazadora para los comerciantes mexicanos.
La extorsión no solo mina la economía sino que desmoraliza a los ciudadanos y empresarios que buscan ganarse la vida honestamente. La lucha contra este delito requiere un enfoque concertado que combine esfuerzos gubernamentales, apoyo comunitario y estrategias legales eficaces. Solo así se podrá esperar proteger el tejido económico y social de México frente a esta creciente amenaza.
El problema de la extorsión a pequeños negocios en México es un claro indicativo de los desafíos de seguridad y legales que enfrenta el país. Mientras las autoridades buscan soluciones, la comunidad empresarial sigue clamando por un cambio significativo que les permita operar sin temor y con la seguridad de que su gobierno está trabajando activamente para protegerlos.
