Lo ocurrido la mañana de este miércoles en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, no fue solo un accidente: fue el reflejo de un problema mayor en la forma en que circulan miles de pipas de gas por las vialidades de la capital. La explosión de una unidad cargada con casi 50 mil litros de gas LP dejó un saldo preliminar de 6 personas fallecidas, cerca de 90 heridos y más de 20 vehículos destruidos, pero también abrió la discusión sobre seguridad, regulación y negligencias empresariales.
La pipa pertenecía a la empresa Gas Silza, que según versiones oficiales no contaba con seguro vigente para operar este tipo de transporte. Ese dato, aparentemente administrativo, se convierte en clave: significa que cientos de familias afectadas —desde heridos hasta dueños de autos dañados— enfrentarán un viacrucis legal para exigir compensaciones.
Este caso pone sobre la mesa una realidad incómoda: en la CDMX circulan diariamente más de 2,500 unidades de transporte de gas LP sin que exista una supervisión estricta sobre su estado mecánico, capacitación de choferes o vigencia de pólizas.
La escena del desastre
Testigos narran que la pipa circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control en la curva del distribuidor. El impacto contra el asfalto provocó una fuga inmediata y segundos después una explosión que iluminó el cielo de oriente.
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Pasajeros de transporte público y peatones cercanos quedaron atrapados en medio de la deflagración.
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Entre los heridos hay menores de edad y adultos mayores, varios con quemaduras de tercer grado.
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El fuego se extendió con rapidez y consumió vehículos estacionados y en tránsito.
Bomberos, paramédicos y elementos de la Guardia Nacional llegaron en cuestión de minutos, evitando que la tragedia alcanzara dimensiones aún mayores. Vecinos de la zona fueron evacuados y decenas de lesionados trasladados a hospitales de Iztapalapa y Venustiano Carranza.
Pero más allá de la eficacia de los cuerpos de emergencia, lo que llama la atención es la falta de protocolos preventivos. Ningún sistema de alarma alertó con anticipación, y tampoco hubo una estrategia clara de contención de riesgos para quienes circulaban en la zona.
El costo social y político
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el siniestro obliga a revisar la regulación del transporte de combustibles en la ciudad. Organizaciones ciudadanas exigen mapear las rutas de mayor riesgo y prohibir que pipas de gran capacidad circulen por zonas densamente pobladas en horarios de alta afluencia.
Mientras tanto, especialistas en movilidad y seguridad advierten que el accidente de Iztapalapa podría ser apenas la punta del iceberg de un problema estructural: la falta de coordinación entre autoridades locales y federales para supervisar a empresas privadas que transportan sustancias peligrosas.
La explosión en el Puente de la Concordia no solo dejó víctimas y cenizas. También dejó en evidencia un vacío de control que convierte a cada pipa en una bomba rodante dentro de la ciudad. La pregunta que surge tras la tragedia es incómoda pero necesaria:
¿cuántos accidentes más se necesitan para que el transporte de gas en la CDMX deje de ser un peligro cotidiano?
